Sturzenegger anunció que el gobierno enviará al Congreso una reforma de la ley de Sociedades para habilitar empresas sin empleados y con arbitraje extranjero

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció este viernes que enviará al Congreso un proyecto para reformar la ley General de Sociedades, sancionada en 1972 durante la dictadura de Alejandro Lanusse, con el objetivo de quitarle poder de control al Estado y avanzar hacia un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación. Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda, resumió el funcionario, quien planteó que el proyecto mueve al país de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un esquema más flexible.

Uno de los ejes centrales de la reforma pasa por flexibilizar el funcionamiento de las sociedades comerciales. El proyecto elimina restricciones sobre el objeto social de las empresas, permitiendo que una misma sociedad pueda desarrollar múltiples actividades sin necesidad de vinculación entre ellas. Si el estatuto no especifica un objeto concreto, se entenderá automáticamente que la empresa podrá realizar cualquier actividad lícita. Esto es esencial en un mundo tan cambiante como el que vivimos, sostuvo Sturzenegger, y agregó que implica menos trabas burocráticas y más libertad para trabajar.

Otro de los cambios impulsados por el gobierno habilita que las sociedades argentinas puedan resolver conflictos internos bajo legislación extranjera o mediante mecanismos de arbitraje privado, sin depender de la justicia local. El ministro puso como ejemplo a Dubái, donde las relaciones societarias se dirimen según la ley que los socios eligen, y afirmó que lo mismo ocurrirá ahora en Argentina. Dentro del paquete de reformas, el gobierno también plantea avanzar hacia una digitalización plena del sistema societario, con domicilio electrónico, registros digitales, asambleas virtuales y constitución de sociedades mediante firma digital. Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia, afirmó.

El punto más novedoso y polémico del proyecto es la creación de un marco legal específico para las denominadas sociedades automatizadas, que podrían funcionar sin empleados humanos en su operación cotidiana, reemplazando tareas administrativas, comerciales o financieras por sistemas automatizados, algoritmos e inteligencia artificial. A esto se suman las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), estructuras digitales vinculadas al universo cripto y blockchain, donde las reglas de funcionamiento quedan programadas en códigos informáticos y las participaciones se manejan mediante tokens digitales, sin directorios ni gerencias tradicionales.

Ambos modelos contarán con personalidad jurídica y responsabilidad limitada, algo que el gobierno considera clave para atraer inversiones tecnológicas globales. Sturzenegger citó el caso de Irlanda, país que construyó un régimen legal favorable para compañías tecnológicas y de propiedad intelectual, y mencionó que una subsidiaria irlandesa de Apple concentra regalías vinculadas al software de los iPhone vendidos en el mundo. Pretendemos esa misma atracción global para Argentina en lo que hace a las empresas de IA, aseguró.

La reforma también incorpora instrumentos de inversión convertibles, mandatos societarios por tiempo indeterminado y mecanismos simplificados para reorganizaciones empresariales dentro de grupos económicos, permitiendo que una empresa absorba directamente otra subsidiaria controlada al cien por ciento sin necesidad de duplicar procesos asamblearios. Burocracia cero para los grupos societarios, sintetizó el funcionario. Sturzenegger definió el proyecto como una ampliación de la libertad económica aplicada al derecho societario.

Menos controles arbitrarios de los burócratas, menos costos de transacción y más libertad para competir en el mundo, concluyó el ministro. Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá. El proyecto deberá ahora ser discutido en el Congreso, donde se espera un debate intenso, especialmente en lo vinculado a las sociedades automatizadas y la pérdida de control estatal sobre las relaciones societarias. El oficialismo confía en contar con los votos necesarios para su aprobación.

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