Una multitud llego a Plaza de Mayo en la marcha por los 50 años del golpe militar y reclamó memoria y justicia

Decenas de miles de personas colmaron este martes la Plaza de Mayo y sus alrededores en el marco de la conmemoración por los cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en una jornada que convocó a organismos de derechos humanos, partidos políticos, gremios y organizaciones sociales. La movilización, que tuvo réplicas en distintos puntos del país, se convirtió en una masiva expresión de respaldo a las políticas de memoria, verdad y justicia y en un rechazo frontal al discurso negacionista que el gobierno del presidente Javier Milei impulsa desde la Casa Rosada.

En el escenario montado frente al Cabildo, los organismos de derechos humanos leyeron un documento elaborado por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en el que reiteraron que las víctimas de la última dictadura fueron treinta mil y exigieron a los militares que revelen el paradero de los desaparecidos. Del acto participaron la titular de Abuelas, Estela de Carlotto; la referente de Madres Línea Fundadora, Taty Almeida; y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quienes siguieron la lectura desde la primera fila.

El texto sostuvo que la memoria se defiende luchando y cuestionó con dureza la postura del Ejecutivo nacional, al que acusó de relativizar la cifra de desaparecidos. Los organismos afirmaron que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y alertaron que la desaparición forzada no es un asunto exclusivo del pasado, sino que continúa siendo una realidad del presente que requiere respuestas del Estado.

En un tramo del documento, los referentes denunciaron que el actual gobierno no solo promueve un discurso negacionista, sino que también reivindica el terrorismo de Estado y el genocidio. Señalaron como parte de esa política el desmantelamiento de las áreas que trabajan en memoria, verdad y justicia, el desfinanciamiento de los espacios que funcionan en ex centros clandestinos de detención y el incumplimiento de las reparaciones históricas para ex presos políticos, exiliados y sobrevivientes que perciben pensiones mínimas sin cobertura de obra social.

Las organizaciones también pusieron el foco en el robo sistemático de bebés durante la dictadura, una práctica cuyas consecuencias aún persisten. Subrayaron que los niños y niñas nacidos en cautiverio o desaparecidos junto a sus padres continúan siendo buscados por las Abuelas, y los definieron como los desaparecidos con vida que dejó el terrorismo de Estado.

El documento repasó los antecedentes del golpe, mencionando el gobierno de Isabel Perón, la actuación de la Triple A y la CNU, y el Operativo Independencia como ensayo previo del genocidio, en el marco del Plan Cóndor que se desplegó en toda la región. Afirmaron que la dictadura instauró un nuevo modelo económico basado en la valorización financiera, la desindustrialización y la apertura indiscriminada de importaciones, mientras desplegaba el terrorismo de Estado para desarticular el alto nivel de organización y conciencia social que habían alcanzado amplios sectores del pueblo argentino.

El texto recordó que a partir del golpe se clausuró el Congreso, se intervinieron los sindicatos, se prohibieron los centros de estudiantes y toda forma de organización social, y se censuró la prensa, la ciencia y el arte. Los organismos señalaron que la dictadura construyó la figura del enemigo interno para justificar el accionar criminal contra las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, culturales, religiosas y todas las expresiones de resistencia popular, y destacaron que el golpe fue cívico-militar con la complicidad de grupos económicos, sectores de la Iglesia y la embajada de Estados Unidos.

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