La autora de la Ley de Glaciares calificó la reforma como una aberración disfrazada de audiencia pública

Marta Maffei, ex diputada nacional y autora de la ley de protección de glaciares sancionada en 2010, encabezó este miércoles un duro rechazo al proyecto de modificación de la norma impulsado por el oficialismo con el respaldo de gobernadores cordilleranos. En el marco de la primera jornada de audiencias públicas en la Cámara de Diputados, Maffei denunció que la iniciativa avanza sobre los presupuestos mínimos ambientales sin respetar los recaudos legales ni constitucionales, y advirtió que el proceso constituye una farsa con pretensiones de participación ciudadana.

La ex legisladora comenzó su intervención repasando los orígenes de la ley 26.639, una norma que surgió tras un año de trabajo conjunto con académicos, instituciones especializadas y comunidades, y que logró concitar consenso científico. Su exposición se dio en medio de tensiones con los presidentes de las comisiones a cargo del debate por las limitaciones impuestas a los oradores, e incluso protagonizó un cruce con el diputado oficialista Alejandro Fargosi cuando denunció que más del 99 por ciento de los inscriptos quedaron excluidos de la posibilidad de hablar. Fargosi la interrumpió para calificar sus dichos como mentira, ante lo cual Maffei respondió cuestionando su conocimiento sobre la materia.

Maffei sostuvo que el proyecto aprobado por el Senado deroga aspectos clave de la ley vigente bajo el pretexto de una modernización que, en los hechos, omite los recaudos establecidos por la legislación ambiental. Afirmó que la iniciativa carece de legitimidad y que la convocatoria a audiencias públicas no alcanza para sanear un proceso que calificó como una aberración. Anunció además que su participación no convalida el procedimiento y que se reserva el derecho de iniciar acciones legales en los plazos correspondientes.

La ex diputada argumentó que la reforma vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional al no respetar los presupuestos mínimos de protección ambiental, y también incumple el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, dado que no se realizó una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. Sostuvo que el proyecto exhibe una fachada federalista pero en realidad otorga a las provincias una discrecionalidad que pone en riesgo los glaciares y el agua, especialmente en el marco de los incentivos previstos por el RIGI para grandes inversiones.

Durante su exposición, cuestionó que el texto permita a las autoridades provinciales determinar qué áreas glaciares o periglaciales son consideradas estratégicas o relevantes, una definición que consideró vaga y peligrosa. Se preguntó para quién sería relevante un glaciar si no es para la preservación del agua, la vida de los pueblos, los ecosistemas o la producción agrícola ganadera, y advirtió que no existe federalismo real cuando el agua interjurisdiccional queda bajo la administración exclusiva de la provincia donde se encuentra el recurso, sin considerar a las comunidades ubicadas río abajo.

La dirigente ambiental señaló que la reforma favorece el avance de la minería en detrimento del derecho ambiental y del acceso al agua, y afirmó que en la actualidad ya existen 53 emprendimientos contaminantes operando sobre glaciares a pesar de la vigencia de la ley. En ese sentido, advirtió sobre los efectos irreversibles de la minería a cielo abierto, en particular la generación de ácido sulfúrico que contamina el agua de manera permanente, y sostuvo que quienes impulsan la modificación desconocen las consecuencias ambientales de ese tipo de actividades.

Antes de cerrar, Maffei calificó la reforma como regresiva en materia ambiental, jurídica y democrática, y denunció que busca romper la autonomía científico técnica que hasta ahora había respaldado la protección de los glaciares. Con un llamado a la reflexión dirigido a los legisladores, advirtió que el pueblo tiene memoria y que el agua de los glaciares no se toca porque representa la vida. Subrayó que el 75 por ciento de la población mundial vive en zonas donde el agua escasea, está contaminada o resulta insuficiente, y planteó como interrogante hacia qué colapso se dirige el país con una decisión de estas características.

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