Organizaciones civiles pidieron cambios a la ley de lobby y advirtieron sobre un posible control estatal sobre la sociedad civil

En el marco de una reunión informativa en la Cámara de Diputados, diversas asociaciones de la sociedad civil expusieron sus posturas sobre la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo para regular la actividad del lobby. La semana pasada había sido el turno de Diego Marías, director nacional de Reforma Política del Ministerio del Interior, quien defendió el proyecto oficial. Esta vez, los representantes de organizaciones como AmCham, Barbechando, el Colegio Público de la Abogacía, Directorio Legislativo, Poder Ciudadano y FARN plantearon observaciones y sugerencias para modificar el texto.

Alejandro Díaz, CEO de AmCham, respaldó firmemente toda iniciativa que fortalezca la transparencia y la calidad institucional, pero advirtió que una buena ley de gestión de intereses debe apoyarse en tres pilares: claridad conceptual, viabilidad operativa y proporcionalidad. El empresario sugirió aclarar conceptos del proyecto oficial, comparó legislaciones similares de Estados Unidos y Chile, y alertó que un régimen excesivamente punitivo podría desalentar la participación legítima de empresas y organizaciones civiles en los procesos de elaboración de políticas públicas.

Ángeles Naveyra, presidenta de la Fundación Barbechando, consideró que la interlocución con funcionarios es una actividad legítima y necesaria en una democracia representativa. Sostuvo que las decisiones públicas se enriquecen cuando las partes alcanzadas por una norma pueden ser escuchadas, y pidió que la regulación sea equilibrada y proporcional para que resulte cumplible. La transparencia no debe convertirse en un obstáculo para que ciudadanos, empresas y sectores productivos se acerquen al Estado, aclaró.

Alejandra García, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, afirmó que la regulación del lobby es necesaria y que la Argentina mantiene una deuda pendiente, pero señaló deficiencias estructurales graves en el proyecto oficial. Cuestionó que la definición de gestión de intereses del artículo 2 sea tan amplia que comprende cualquier comunicación dirigida a influir en una decisión pública. Además, observó que el título octavo introduce tipos penales de una severidad sin precedentes, lo que constituye una forma de criminalización del derecho constitucional a peticionar ante las autoridades.

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, fue más allá al preguntarse si esta ley busca regular el lobby o controlar las agendas de las organizaciones de la sociedad civil y de los legisladores. Sostuvo que el proyecto está mal diseñado o quizás algo peor: busca el control estatal sobre la sociedad civil y especialmente sobre los legisladores, que deberán pedir permiso e informar cada movimiento a las autoridades de la Cámara. Es un proyecto que regula demasiado y coarta la libertad de las organizaciones, generando muchísima burocracia, afirmó.

Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), opinó que el proyecto no distingue entre el lobby corporativo financiero y las actividades de las organizaciones civiles o de las personas. La diferencia ya no sería entre lobby corporativo y lobby cívico, sino entre lobby y participación ciudadana, explicó. El proyecto le calza encima a la participación ciudadana porque las organizaciones representan intereses colectivos, colaboran con el Estado y generan conocimiento especializado, mucho más allá del simple diálogo legislativo. Por eso, concluyó, es muy complejo concentrar todas estas actividades en un espacio regulatorio determinado.

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