La provincia de Buenos Aires reclamó ante la Corte una deuda de más de 2,2 billones de pesos por parte de ANSES

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, junto al fiscal de Estado, Hernán Gómez, y otros funcionarios provinciales, participaron este miércoles de una audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia en el marco de la demanda que la provincia de Buenos Aires mantiene contra la ANSES por los fondos adeudados al sistema previsional bonaerense. Según informaron las autoridades, la deuda supera actualmente los 2,2 billones de pesos.

Al término de la reunión, López celebró la instancia de diálogo dispuesta por el máximo tribunal y afirmó que el gobierno nacional se comprometió a trabajar en el reclamo. Se fijó una nueva audiencia para el 21 de abril, en la que la provincia espera obtener un reconocimiento formal de la deuda y un compromiso de solución por parte de la administración nacional. “Gracias a este espacio de diálogo institucional pudimos plantear el reclamo en relación a la deuda que el Gobierno nacional mantiene con nuestra Provincia”, señaló el ministro.

El reclamo por los fondos adeudados por ANSES es solo uno de los siete que la provincia mantiene contra el gobierno nacional. Según detallaron desde la gestión de Axel Kicillof, las deudas totales que Nación mantiene con los bonaerenses entre transferencias no automáticas y obras inconclusas alcanzan los 15,6 billones de pesos. “Desde la Provincia hacemos un esfuerzo enorme para seguir manteniendo las funciones básicas del Estado”, advirtió López.

La provincia también inició otras seis demandas contra el gobierno nacional, entre ellas por el recorte de fondos vinculados a la seguridad, el transporte y los salarios docentes. Específicamente, se reclama por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo de Compensación al Transporte del Interior y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, todos ellos reducidos o suspendidos durante la gestión de Javier Milei.

Los reclamos se producen en un contexto de fuerte caída de la recaudación debido a la recesión que atraviesa la provincia y el país, producto de las políticas económicas nacionales. Desde el gobierno bonaerense recordaron además que la provincia se encuentra gravemente perjudicada por el régimen de coparticipación federal, ya que aporta el 38 por ciento de la recaudación pero recibe solo el 7 por ciento del total coparticipado, mientras que Nación concentra el 70 por ciento.

En ese sentido, el recorte de transferencias obligatorias por parte del gobierno nacional representa un enorme perjuicio para las finanzas provinciales y para la capacidad de brindar mejores servicios a los más de 17 millones de bonaerenses. La provincia insiste en la necesidad de recuperar los recursos que considera propios para sostener las funciones básicas del Estado.

La próxima audiencia del 21 de abril será clave para determinar si el gobierno nacional reconoce la deuda y avanza en un esquema de pago. Mientras tanto, la provincia mantiene activas las restantes demandas judiciales y continúa reclamando por un cambio en la distribución de los recursos coparticipables que considere su aporte real a la recaudación nacional.

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