Guerra de visiones por la reforma del BCRA: el Gobierno envió el proyecto al Congreso mientras la comunidad económica se divide entre el rigor y las advertencias

Tras la presentación oficial por cadena nacional encabezada por el presidente Javier Milei, el Poder Ejecutivo elevó formalmente al Congreso de la Nación el proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa, que lleva las firmas del mandatario, del ministro de Economía Luis Caputo y del jefe de Gabinete Diego Santilli, propone un rediseño de la autoridad monetaria centrado en clausurar la emisión para financiar al Estado y en afianzar su independencia institucional.

El anuncio abrió un intenso contrapunto en la comunidad económica y financiera, dividiendo las opiniones entre quienes ponderan la vuelta a la disciplina monetaria y quienes alertan sobre la pérdida de herramientas de intervención ante eventuales crisis.

Los ejes centrales de la iniciativa oficial

El texto legislativo busca retrotraer las reformas implementadas en 2002 y 2012 para imponer un esquema de estricta neutralidad fiscal y monetaria:

  • Mandato único: Se establece como misión primaria y exclusiva del BCRA la preservación del valor de la moneda. De este modo, se eliminan las funciones agregadas en 2012 vinculadas con la promoción del empleo, la estabilidad financiera y el desarrollo económico regional o social.
  • Prohibición total de financiamiento: Se deroga el artículo 20 de la Carta Orgánica y se prohíbe de manera absoluta el otorgamiento de adelantos transitorios al Tesoro, las provincias y los municipios, así como la compra directa de títulos públicos en el mercado primario.
  • Fin del giro de utilidades “ficticias”: Se restringe la transferencia de ganancias contables al Gobierno nacional, disponiendo que las variaciones generadas por la revaluación del tipo de cambio o del valor del oro no puedan distribuirse y deban imputarse a cuentas de capital.
  • Blindaje al directorio y saneamiento: Para remover al presidente o a los directores de la entidad se requerirá el acuerdo previo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso. Asimismo, se establece un esquema transitorio para destinar los resultados de valuación al saneamiento del balance y a la cancelación de las letras intransferibles del Tesoro.

Respaldo técnico e institucional

Desde sectores de la consultoría privada y entidades empresariales, la iniciativa fue recibida con satisfacción. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su apoyo a la restricción institucional del déficit fiscal, remarcando que el uso histórico del Banco Central para cubrir desequilibrios del Estado fue el principal disparador de la inflación en las últimas décadas.

En el ámbito técnico, economistas como Aldo Abram (Fundación Libertad y Progreso) y el expresidente del BCRA Martín Redrado valoraron la orientación general hacia la estabilidad de precios y la independencia de la entidad. No obstante, Redrado sostuvo que la Carta Orgánica debería mantener la estabilidad financiera como segundo pilar explícito y propuso que el nuevo régimen comience a regir a partir de la próxima gestión presidencial para evitar interpretaciones coyunturales.

Observaciones y críticas por el “mandato único”

En la vereda opuesta, análisis de centros de estudio como el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierten que limitar la actuación del BCRA a un mandato único constituye una excepción en el plano internacional, donde la mayoría de los bancos centrales combinan la meta inflacionaria con objetivos secundarios de empleo, crédito productivo y preservación del sistema de pagos.

Asimismo, desde CEPA remarcaron que el proyecto enviado por Milei resulta incluso más restrictivo que el modelo del Banco Central de Reserva del Perú —citado habitualmente como referencia por el oficialismo—, ya que la norma peruana conserva márgenes acotados para operar títulos en el mercado secundario. Por último, cuestionaron que el Gobierno proponga vetar la distribución de utilidades contables luego de haber utilizado ese mismo mecanismo para cancelar deuda y reforzar las cuentas públicas durante sus primeros años de gestión.

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