Di Tullio denunció a Sturzenegger y Quirno por presuntas irregularidades en contratos de Cancillería
- Informe Vip
- 18 febrero, 2026
- Senado
- Federico Sturzenegger, Javier Milei, Juliana Di Tullio, Justicialista, La Libertad Avanza, Senado de la Nación
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La senadora nacional Juliana Di Tullio presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal que involucra a altos funcionarios del Gobierno nacional en una presunta contratación irregular de cursos de inglés por más de 114 millones de pesos. La maniobra habría beneficiado a una asociación dirigida por la esposa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La denuncia señala a María Josefina Rouillet, directora ejecutiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) y cónyuge de Sturzenegger, como coautora del delito de defraudación a la administración pública. La entidad que preside fue la beneficiaria directa del contrato adjudicado por Cancillería mediante una disposición firmada en enero.
También apunta contra María Cristina Dellepiane, subsecretaria de Coordinación y Administración del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien rubricó la contratación directa a través de la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE. La legisladora la acusa en el mismo carácter de coautora de defraudación al Estado.
El canciller Pablo Quirno es denunciado por el presunto delito de encubrimiento por omisión de denuncia. Según la presentación judicial, el ministro optó por justificar públicamente la contratación a través de sus redes sociales en lugar de denunciar las irregularidades ante la justicia, como correspondería a su cargo.
El ministro Federico Sturzenegger, por su parte, es acusado de presunto tráfico de influencias. La denuncia sostiene que no puede descartarse su mediación ante las autoridades de Cancillería para obtener la adjudicación directa que terminó beneficiando a la entidad dirigida por su esposa, generando un claro conflicto de intereses.
Di Tullio solicitó además que se investigue como “partícipes necesarios” a una serie de funcionarios técnicos que permitieron la viabilidad del contrato. Entre ellos menciona a los directores de Desarrollo de Recursos Humanos, de Compras y Contrataciones, y de Asuntos Jurídicos de Cancillería, así como a los responsables de ética pública y transparencia.
La senadora bonaerense sostiene en su denuncia que estos funcionarios se habrían “alejado de un fin lícito” para garantizar un beneficio para un tercero vinculado con un ministro del Poder Ejecutivo. El accionar coordinado de las áreas involucradas permitió que la contratación avanzara sin los controles correspondientes.
La presentación judicial expone una trama que combina presuntas irregularidades administrativas, conflictos de intereses y omisiones graves por parte de altas autoridades nacionales. La investigación ahora quedará en manos de la Justicia Federal, que deberá determinar si existió delito en la contratación de los cursos de inglés y en el encubrimiento posterior por parte de los funcionarios señalados.
