El Gobierno eliminó 58 normas de comercio interior, entre ellas los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados

La administración de Javier Milei formalizó este martes la derogación de 58 regulaciones vinculadas al comercio interior mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2024, publicadas en el Boletín Oficial. La medida se inscribe en el plan de modernización y simplificación del Estado que impulsa el oficialismo, y entre las normativas eliminadas se destacan las correspondientes a los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, junto con las disposiciones que obligaban a las escuelas privadas a notificar sus aranceles con anticipación.

Desde el poder ejecutivo argumentaron que la decisión busca aportar una mayor transparencia al marco legal vigente y facilitar la interpretación de las reglas estatales. Según explicaron en los considerandos oficiales, muchas de estas resoluciones habían perdido vigencia, carecían de objetivo práctico o generaban distorsiones en el funcionamiento de los mercados. El objetivo final es reducir la incertidumbre jurídica y eliminar ambigüedades regulatorias que complicaban la actividad económica.

Entre las disposiciones suprimidas se encuentran 22 normativas vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un mecanismo estatal de intervención directa diseñado para controlar los precios en la cadena triguera. Las autoridades aclararon que, una vez revocado el contrato y liquidado el fideicomiso correspondiente, toda la reglamentación complementaria de ese fondo quedó sin sustento legal ni objeto práctico, por lo que su derogación era un paso inevitable.

Asimismo, fueron eliminadas 30 regulaciones de los programas Ahora 12 y Cuota Simple, junto con una norma accesoria vinculada a Precios Cuidados. El texto oficial sostuvo que esos planes de estímulo al consumo y la producción habían perdido vigencia porque no se dispuso su prórroga. La no renovación, agregaron, se enmarca en un proceso de normalización del mercado crediticio que busca restaurar las señales de precio y terminar con las distorsiones en la asignación del capital.

También se derogaron cuatro normativas que obligaban a las instituciones educativas privadas a informar anticipadamente sus aranceles y a contar con el visto bueno gubernamental para aplicarlos. Según el gobierno, esa exigencia incentivaba aumentos preventivos y arbitrarios por parte de los colegios, limitaba su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado y les generaba una situación de incertidumbre económica. La medida, explicaron, permite ahora que cada establecimiento ajuste sus precios de acuerdo con sus costos operativos y la realidad económica.

Adicionalmente, quedó sin efecto una regulación que duplicaba los mecanismos de atención para adolescentes consumidores, generando superposición de canales. Al concentrar los reclamos en una única vía especializada, el ejecutivo aseguró que se garantizará una respuesta más ágil y eficiente. Esta decisión se suma a una revisión integral que lleva adelante la Secretaría de Industria, Comercio y PyME desde diciembre de 2023, orientada a simplificar el entramado normativo y adecuarlo a la legislación actual.

Las autoridades destacaron que, con esta nueva batería de derogaciones, ya suman 240 las normas eliminadas en materia comercial desde el inicio de la gestión. El objetivo declarado es desburocratizar la administración, dotar de transparencia al mercado y continuar avanzando en la senda desregulatoria que caracteriza al gobierno, eliminando todo aquello que consideran obstáculos para el libre funcionamiento de la economía.

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