Llaryora y Pullaro plantearon reparos al proyecto de reforma laboral

Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, mantuvieron un encuentro en el marco del Festival de Cosquín para delinear una posición conjunta frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Presidente Javier Milei. El diálogo sirvió para establecer una serie de condiciones y preocupaciones compartidas.

Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de modernizar la legislación laboral y de reducir los costos asociados a los litigios, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, fueron enfáticos en señalar que no acompañarán ninguna iniciativa que implique una reducción de los derechos actualmente vigentes para los trabajadores.

Una de las principales advertencias estuvo dirigida al impacto fiscal que podría tener la reforma sobre las provincias. Los gobernadores alertaron que no aceptarán medidas que afecten las arcas provinciales mediante la baja de impuestos coparticipables, en clara alusión a la posible reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas.

En ese sentido, expusieron que, según sus informes técnicos, dicha reducción podría generar un drenaje superior a los 3,1 billones de pesos de la masa coparticipable. Ante esto, propusieron que cualquier ajuste tributario se realice sobre impuestos nacionales no coparticipables, como las retenciones o el impuesto al cheque.

Llaryora destacó la importancia de que la nueva legislación incorpore las modalidades de trabajo asociadas a la tecnología y la inteligencia artificial. No obstante, aclaró que su bloque analizará el proyecto punto por punto, reconociendo la existencia de divergencias internas que deberán ser resueltas.

Por su lado, Pullaro aprovechó el espacio para reivindicar el rol productivo de las provincias del interior. “Somos provincias que no esperan planes, lo que piden es trabajo”, afirmó, marcando una diferencia con lo que percibe como un centralismo porteño.

El encuentro también sirvió para ratificar el apoyo a los festivales populares, considerados motores de empleo y desarrollo local. Esta postura representa una sutil diferencia ideológica con la visión más fiscalista que ha manifestado el Gobierno nacional sobre este tipo de eventos.

La reunión dejó en claro que, si bien existe una disposición al diálogo, los gobernadores exigen cambios sustanciales en la propuesta oficial antes de brindar su apoyo en el Congreso, planteando un escenario de negociación complejo para el Ejecutivo.

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