Súper RIGI, lobby, etiquetado y ludopatía: el paquete legislativo que el oficialismo giró al Congreso

El Poder Ejecutivo presentó este martes cuatro iniciativas legislativas que buscan profundizar su agenda de reformas: el denominado súper RIGI, la ley de lobby, la derogación del etiquetado frontal y un proyecto de prevención de la ludopatía. Los dos primeros ingresaron por la Cámara de Diputados, mientras que los restantes fueron girados al Senado. El gobierno aún tiene pendientes otras dos iniciativas de suma importancia: la reforma política, actualmente trabada por la mezcla de ficha limpia con la eliminación de las PASO, y el proyecto de propiedad privada, que la semana pasada obtuvo dictamen de comisiones.

El proyecto más breve y sencillo es el que deroga la ley de Promoción de Alimentación Saludable, conocida como etiquetado frontal. Consta de un solo artículo central que elimina la normativa vigente, y el gobierno lo enmarca dentro de su batalla cultural contra la cultura woke del cuidado de la humanidad. En Diputados, dos legisladores del PRO y de La Libertad Avanza ya habían presentado una iniciativa similar que proponía el mismo cambio en la reglamentación de alimentos.

El súper RIGI es, de los cuatro, el proyecto más ambicioso y complejo. Se trata de un régimen de incentivos destinado a atraer inversiones de al menos mil millones de dólares en industrias que hoy apenas tienen desarrollo experimental en el país, como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital. Para acceder, las empresas deben constituir un vehículo de objeto único y comprometer al menos el 20 por ciento de la inversión en los primeros dos años.

Los beneficios son considerables: el impuesto a las Ganancias baja al 15 por ciento, los derechos de importación y exportación quedan exentos, las contribuciones patronales se reducen al 10 por ciento para nuevas relaciones laborales y el producido de las exportaciones queda libre de la obligación de liquidación cambiaria en forma progresiva. El régimen exige además la adhesión expresa de las provincias donde se radiquen los proyectos, que deben comprometerse a no crear nuevas cargas fiscales y a limitar Ingresos Brutos al 0,5 por ciento.

El proyecto de gestión de intereses, conocido como ley de lobby, establece que cualquier persona o empresa que se reúna con un funcionario para influir en una decisión pública debe estar inscripta en un registro, y que el funcionario debe dejar constancia de ese encuentro. La norma crea dos registros: uno de gestores de intereses y otro de gestión de intereses, donde los funcionarios deben volcar cada contacto dentro de los cinco días hábiles. También regula la puerta giratoria: los exfuncionarios tienen vedado actuar como gestores ante el organismo donde trabajaron durante dos años desde su egreso.

El proyecto sobre ludopatía, en tanto, busca prevenir y sancionar las prácticas vinculadas al juego patológico, en línea con las preocupaciones del gobierno por el avance de las apuestas online entre los jóvenes. Las sanciones previstas en la ley de lobby van desde el apercibimiento y multas de hasta dos mil salarios mínimos en los casos más graves, hasta la inhabilitación definitiva para ejercer como gestor. Además, gestionar sin inscripción u ocultar la identidad del representado puede implicar prisión de hasta tres años.

El gobierno espera que estas iniciativas reactiven el frente parlamentario del oficialismo y permitan mostrar resultados concretos en materia de desregulación y atracción de inversiones. Sin embargo, el tratamiento legislativo no será sencillo: el súper RIGI implica una cesión importante de autonomía tributaria provincial, lo que generará resistencias en algunos distritos. La ley de lobby, en cambio, cuenta con consenso transversal por su carácter institucional, aunque su implementación efectiva será un desafío. El oficialismo confía en que los proyectos sean debatidos en las próximas semanas.

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