Pichetto, Lousteau y Ferraro lideraron las voces de Juntos por el Cambio en contra del DNU de Milei

El presidente del radicalismo, Martín Lousteau; el titular de la Coalición Cívica- ARI, Maximiliano Ferraro, y fundador de Encuentro Republicano Federal, Miguel Pichetto, lideraron las voces que se alzaron en Juntos por el Cambio (JxC) en contra del mega DNU anunciado por el jefe de Estado Javier Milei.

«Anoche el Presidente anunció un mega DNU de una amplitud y longitud inédita. Estoy de acuerdo en que debemos cambiar muchas cosas en Argentina, entre ellas el improductivo desempeño de partes de nuestro Estado y regulaciones que traban el buen funcionamiento de diversos sectores de la economía. Pero este DNU tiene 82 páginas con 366 artículos que derogan y modifican un sinnúmero de leyes y decretos», sostuvo Lousteau.

En la red social X (antes Twitter) continuó expresando: «En el contenido del mega DNU hay algunas iniciativas que pueden ser interesantes y otras irrelevantes para la agenda urgente. Otras pueden juzgarse como buenas, malas o realmente muy malas para las urgencias de la sociedad. Cada una de ellas merece un análisis riguroso e individual y para eso está el Congreso».

«Pero los DNU no se pueden modificar: se aprueban o rechazan enteros. Además, con este método, en cuatro años podría venir otro presidente y mediante otro mega DNU hacer exactamente lo contrario, lo que agregaría más incertidumbre e inestabilidad a la que ya padecemos. Ninguna reforma de fondo duradera puede lograrse de esta forma», insistió el senador.

«El respeto a la institucionalidad evita abusos que dañan la sociedad. Es sano hacer el ejercicio de pensar cómo reaccionaría uno si un Presidente de signo político contrario al propio hubiera: 1) dado la espalda a la Asamblea Legislativa; 2) tomado medidas económicas con fuerte impacto para amplios sectores; 3) hubiera hecho exhibicionismo de fuerzas de seguridad y 4) dictado un DNU fuera de la legalidad que interfiere en múltiples áreas de la vida y la actividad».

Lousteau insistió en que «así no funciona una democracia plena» e indicó: «El Presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente. Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse. Toda otra alternativa, ya sea no hacer ninguna reforma o hacer las que no deberíamos, es mala para el presente y el futuro de los argentinos».

Por su parte, el titular de la CC-ARI, Ferraro, estableció la postura de ese espacio, comandado por Elisa «Lilita» Carrió, al expresar que «el dictado de todo DNU es para una situación excepcional» y remarcó que lo anunciado por Milei en la noche del miércoles «no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º».

Por eso, la Coalición Cívica «procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y/o modificada ya que el Presidente, pudiendo llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, optó por arrogarse facultades legislativas».

Esa agrupación, «a través de un comité presidido por Elisa Carrió, realizará un informe sobre la necesidad y urgencia, así como la posible violación de derechos constitucionales. Se procederá a un análisis de forma y contenido», dijo el diputado en la misma red social.

«Respecto del fondo de cada decisión del decreto nos pronunciaremos particularmente», añadió Ferraro. «Este trabajo requiere seriedad, rigurosidad técnica y profundidad, por tal motivo se emitirá un dictamen con el objetivo de preservar derechos subjetivos de los ciudadanos», completó.

Por su parte, el también diputado y fundador de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto, enfatizó que Milei «debe gobernar con el Congreso no contra el Congreso».

«Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por ley, y seguramente muchas podrían tener su aprobación», indicó, y sumó: «Las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la Justicia».

Para Pichetto, «no está justificada ni la necesidad ni la urgencia», por lo que consideró que el jefe de Estado «podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias».