El diputado Paulón insiste con blanquear a Santiago Caputo

El diputado nacional Esteban Paulón, de Encuentro Federal, reiteró su reclamo para que el Gobierno formalice las funciones de Santiago Caputo, asesor clave del presidente Javier Milei, mediante un proyecto de ley presentado en el Congreso.

La iniciativa busca regularizar la situación de Caputo, quien, según admitió el propio mandatario, ejerce mayor influencia en la Casa Rosada que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pese a figurar en los registros públicos con un contrato de locación.

“Santiago Caputo es la persona con más poder del gobierno y no responde legalmente ante nada. No puede seguir así. Presenté un proyecto para decirle basta a esta práctica”, declaró Paulón en la red social X, donde criticó la falta de transparencia en la designación del asesor. La propuesta, presentada originalmente en octubre junto a su colega Mónica Fein (también del bloque socialista), exige que los consejeros presidenciales presenten declaraciones juradas patrimoniales y cumplan con obligaciones de transparencia.

El texto modifica la Ley de Ética Pública para incluir en la categoría de “Alta Dirección Pública” a aquellos asesores o consultores a quienes se deleguen facultades constitucionales del presidente, ministros o jefes de Gabinete. Además, establece que estos funcionarios —incluidos quienes perciban remuneraciones iguales o superiores a 1.500 unidades del Sistema Nacional de Empleo Público— deben someterse a controles patrimoniales antes, durante y después de sus funciones.

Paulón y Fein argumentaron que es inadmisible que figuras con “semejante responsabilidad” no rindan cuentas sobre su patrimonio. En los fundamentos del proyecto, destacaron la necesidad de fortalecer a la Oficina Anticorrupción (OA) para garantizar auditorías efectivas, especialmente cuando los roles clave se ejercen desde contratos informales.

“Las modificaciones planteadas permiten a la OA el control patrimonial de quienes asumen responsabilidades manifiestas en el Estado”, sostuvieron los legisladores, enfatizando la urgencia de alinear las prácticas del Ejecutivo con los estándares de transparencia exigidos por ley.

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