Organizaciones sociales y gremios combativos delinean un plan de lucha con posibles medidas de fuerza

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular, junto a las agrupaciones de izquierda agrupadas en Territorios en Lucha y diversos sindicatos de perfil combativo, avanzan en la construcción de un frente común de acción que podría incluir desde movilizaciones masivas hasta un eventual paro general. Las conversaciones se intensificaron en las últimas horas, aunque hasta el momento la Confederación General del Trabajo no confirmó ni anunció oficialmente una medida de esas características, lo que mantiene en suspenso la definición del alcance de las protestas.

El detonante de esta articulación fue la reciente decisión de la Cámara Federal de San Martín, que revocó la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener vigente el programa Volver al Trabajo. El fallo, dictado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, habilita al Ejecutivo a cerrar el esquema de asistencia a partir de agosto, una prestación que alcanza a más de 900.000 beneficiarios con un pago mensual de 78.000 pesos y que había reemplazado al antiguo Potenciar Trabajo. La resolución también allana el camino para la implementación de un sistema de vouchers orientados a capacitaciones laborales, en reemplazo del subsidio directo.

Desde las organizaciones sociales advierten que la eliminación del beneficio no solo impactará en los bolsillos de los trabajadores más vulnerables, sino que tendrá efectos devastadores en la actividad económica de los barrios populares y las economías regionales. Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, sostuvo que la plata que el Gobierno pretende retirar de los sectores más humildes es la misma que deja de circular en almacenes, ferias y comercios de cercanía, generando un efecto dominó que agravará la recesión. Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, confirmó que la organización busca coordinar el plan de lucha con la CGT y las dos CTA, en un intento por unificar el descontento social y sindical.

El cronograma de protestas ya tiene sus primeras fechas definidas. El 22 de julio, los movimientos sociales acompañarán la habitual movilización de los jubilados, mientras que también está prevista una concentración frente al Ministerio de Economía para visibilizar el creciente endeudamiento de las familias y las dificultades para acceder al sistema formal de crédito. Gramajo alertó que casi siete millones de argentinos quedaron excluidos de los préstamos bancarios debido a la morosidad, que trepó al 12,7%, y denunció el avance de mecanismos informales de financiamiento vinculados con prestamistas ilegales, el juego clandestino y las billeteras virtuales que operan al margen de la regulación.

La jornada central del plan de lucha será el 7 de agosto, cuando se realice la tradicional movilización por San Cayetano bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”. La peregrinación partirá desde el santuario del santo en el barrio porteño de Liniers y llegará hasta Plaza de Mayo, con una convocatoria que busca reunir a movimientos sociales, organizaciones comunitarias, agrupaciones estudiantiles, sectores universitarios y representantes de pequeñas y medianas empresas. Este año, la CGT resolvió participar orgánicamente de la marcha, al igual que las dos CTA, lo que le otorga un carácter inédito a la protesta y la convierte en un posible relanzamiento de la oposición sindical y social a las políticas económicas del Gobierno.

La fecha tendrá además un fuerte componente simbólico, ya que se cumplirán diez años de la primera gran movilización impulsada por “Los Cayetanos”, realizada el 7 de agosto de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. Los organizadores pretenden que la jornada funcione como un catalizador de la resistencia y un punto de inflexión en la estrategia de protesta, que podría continuar con nuevas medidas como piquetes, cortes de ruta y una eventual Marcha Federal. La magnitud de las acciones dependerá de las decisiones que adopten las organizaciones en las próximas semanas y de la posibilidad de sumar a las centrales sindicales a una estrategia común de mayor envergadura.

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