Milei recortó asistencia legal a pueblos originarios

El Gobierno nacional eliminó un programa fundamental para el acceso a la justicia de comunidades indígenas de todo el país. A través de la Resolución 8/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) derogó el Programa de Fortalecimiento Comunitario, vigente desde 2004 y orientado a brindar asesoramiento legal, financiamiento de defensas judiciales y apoyo en la regularización de tierras para pueblos originarios.

La decisión, tomada en el marco de la política de ajuste del presidente Javier Milei, se suma a una serie de medidas que debilitan la protección de los derechos indígenas, como la eliminación en diciembre de la emergencia territorial que protegía a estas comunidades de los desalojos.

El Programa de Fortalecimiento Comunitario se creó en 2004 con el objetivo de otorgar subsidios para afrontar gastos jurídicos y administrativos, incluyendo:

Defensas judiciales en conflictos por tierras.
Asesoramiento legal y contable.
Capacitación en derechos indígenas.
Ejecución e inscripción de mensuras para asegurar la propiedad comunitaria de las tierras ocupadas.
La eliminación de este programa deja a cientos de comunidades en un estado de desprotección legal, en un contexto donde los conflictos por tierras han aumentado y muchas comunidades enfrentan amenazas de desalojo por parte de empresas privadas y el propio Estado.

Según la Resolución 8/2025, el Gobierno sostiene que el programa “no ha dado cumplimiento a los objetivos planteados” y que presenta “deficiencias y desvíos”, según auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Además, argumenta que la eliminación responde a la necesidad de optimizar el gasto público, en línea con la emergencia económica decretada por el DNU 70/2023.

Sin embargo, el Ejecutivo no anunció ninguna alternativa para garantizar que las comunidades indígenas continúen recibiendo asistencia jurídica, lo que genera incertidumbre y preocupación entre las organizaciones indígenas y de derechos humanos.

La eliminación del programa no es un hecho aislado. Desde que asumió la presidencia, Javier Milei ha impulsado una serie de medidas que afectan directamente a los pueblos originarios:
Diciembre 2024: Se derogó la emergencia en tierras indígenas a través del Decreto 1083/2024, habilitando los desalojos de comunidades que no hayan regularizado su situación legal.
Enero 2025: El INAI revocó el permiso de ocupación de tierras a la comunidad Qom en Makallé, Chaco, mediante la Resolución 5/2025.

Estas decisiones han generado preocupación y fuertes críticas de organizaciones indígenas y de derechos humanos, que advierten sobre un posible aumento de desalojos y conflictos territoriales.

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