Los cambios que hizo el Gobierno al proyecto original de la «Ley Omnibus»

El Poder Ejecutivo envió esta mañana los cambios aceptados tras una seguidilla de reuniones con los bloques de diputados «dialoguistas». En un texto de 112 páginas, que los representantes de las cuatro bancadas recibieron esta mañana en sus casillas de correo, se hace un repaso de los cambios aceptados para que la iniciativa llegue a buen puerto. Los puntos salientes del documento llamado «Cambios finales Ley Bases».

Uno de los ítems del megaproyecto de ley que trabó las negociaciones con la UCR, el PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal era la suba de derechos de exportación.

Sobre este punto, el documento enviado señala: «Se establecen en 0% para las economías regionales. A su vez, se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación. Solamente se mantiene la facultad para poder reducirlas».

Asimismo, ante uno de los puntos que mayor reparo generaba entre los gobernadores de Juntos por el Cambio, el nuevo texto estable que se delega en el Poder Ejecutivo «con el objeto de estimular, en virtud de las circunstancias económicas imperantes, el desarrollo de determinados sectores siempre que no se comprometa la sostenibilidad fiscal, la facultad de reducir la alícuota de los derechos de exportación de todas aquellas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), hasta el CERO POR CIENTO (0%)».

En este sentido, el texto señala que esas facultades «sólo podrán ser ejercidas previo informe técnico, debidamente fundado, del Ministerio de Economía. El Poder Ejecutivo Nacional podrá ejercer estas facultades hasta el 31 de diciembre de 2024, inclusive».

Privatización de empresas
Otro de los ítems que generó reparos en los bloques de la oposición «dialoguista» era el artículo que habilitaba al Poder Ejecutivo a vender 41 empresas.

De ese listado, La Libertad Avanza ya había aceptado, tal cual se le transmitió a la oposición el jueves pasado, eliminar a YPF del listado. Esos bloques también rechazan la privatización de Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat, entre otras.

Sobre estas, el documento al que tuvo acceso El Cronista establece que el Estado «solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa».

En consonancia con los pedidos que hacían desde la oposición, el articulado final incorpora «expresamente, la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones de la Ley N° 23.696 para el seguimiento de los trámites respectivos». Aquella que se creó con la ley de Reforma del Estado, sancionada en 1989, más conocida como Ley Dromi.

Asimismo, y también en consonancia con los reparos de la oposición, se eliminó el articulo 9 y se amplió la redacción actual el artículo 35 de la Ley N° 24.804 para «mantener el poder de veto en algunas decisiones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima». Así como también, se eliminó el articulo 11 manteniendo la obligación del Estado de tener una acción con derecho a veto para las decisiones que impliquen el cierre de la actividad.

Emergencias y facultades delegadas
El proyecto original enviado por Javier Milei declaraba 11 emergencias, en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. A esto se le sumaba otro punto polémico, que fue rechazado de plano por las cuatro bancadas: que el Poder Ejecutivo podía prorrogarlas dos años más.

Asimismo, el texto establecía la delegación de facultades legislativas de esas 11 materias en el Poder Ejecutivo. La oposición no solo quería acortar los plazos sino también las materias ¿Qué dice el texto final?

Si bien pone como argumento que se realizaron «cambios en la estructura y redacción del proyecto a los fines de mejorar la técnica legislativa y favorecer su lectura». Lo cierto es que se eliminan la emergencia en materia social y de defensa.

Al mismo tiempo, se redujo el plazo de las delegaciones legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso. Es decir, su prórroga no queda a discreción de Milei.

Con informacion de Cronista.com