La UCR rechazó la modificación de la Ley de Tierras y defendió los límites a la extranjerización

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical emitió un comunicado en el que rechazó de plano la modificación de la Ley de Tierras que el Gobierno nacional impulsa en el Senado, al considerar que la iniciativa elimina limitaciones razonables y compromete la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país. El partido centenario sostuvo que su posición es coherente con sus banderas históricas, que defienden un Estado que promueva la producción, la innovación y la inversión sin poner en riesgo los activos fundamentales de la Nación.

El radicalismo recordó que fue precisamente su espacio político el que impulsó en su momento el debate de la actual legislación, sancionada en 2011, que establece un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y un límite del 30% de ese cupo para una misma nacionalidad. La norma vigente también prohíbe que extranjeros adquieran inmuebles rurales que limiten con lagos, ríos o se ubiquen en zonas fronterizas, y fija un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para un mismo titular foráneo. En su reemplazo, el proyecto oficialista propone que cada provincia fije sus propios criterios, un cambio que la UCR considera riesgoso.

El comunicado de la UCR también cuestiona las modificaciones que el Gobierno pretende introducir en la Ley de Manejo del Fuego, donde se busca eliminar las prohibiciones de uso del suelo por plazos de hasta 60 años tras los incendios. Los radicales advierten que esta medida podría abrir la puerta a especulaciones en tierras afectadas por siniestros y profundizar la vulnerabilidad de ecosistemas frágiles, en un contexto de creciente preocupación ambiental.

La Unión Cívica Radical subrayó que defender la soberanía implica hacer cumplir la ley vigente, y recordó que en la actualidad hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas en Argentina, equivalentes al 5% del territorio nacional, con más de 30 zonas que ya superaron el límite permitido del 15%. Este dato, según el partido, evidencia que la norma no es restrictiva sino que establece un marco razonable que debe mantenerse.

El radicalismo también señaló que todos los países que buscan promover el desarrollo implementan una protección responsable de sus recursos estratégicos, y citó ejemplos como Estados Unidos, Canadá, Francia, Austria y Nueva Zelanda, que regulan la compra de tierras por parte de extranjeros. La UCR insistió en que el rol del Estado debe ser promover incentivos para los productores locales y establecer regulaciones razonables que cuiden las tierras y los recursos nacionales.

Finalmente, la Unión Cívica Radical reafirmó su defensa de la inversión productiva, pero siempre dentro de un marco que garantice la soberanía territorial. “Cuidando nuestras tierras y nuestros recursos”, concluye el comunicado, que deja en claro que el radicalismo no acompañará la reforma oficialista en el Senado y que mantendrá su postura crítica frente a lo que considera una cesión de soberanía disfrazada de desregulación económica.

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