La jueza Capuchetti archivó la denuncia de Facundo Manes contra Santiago Caputo por ser solo una “disputa política”

La magistrada consideró que los incidentes en el Congreso durante la apertura de sesiones no configuran delito penal. La resolución puede ser apelada ante la Cámara Federal. 

La jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió archivar la denuncia presentada por el diputado Facundo Manes contra el asesor presidencial Santiago Caputo, tras los incidentes ocurridos el 1° de marzo durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. En su resolución, la magistrada concluyó que los hechos denunciados corresponden a una “disputa política” que excede el ámbito penal. 

El fallo también incluyó el archivo de otra denuncia presentada por Fernando Miguez contra Franco Iván Jeremías Antunez Pachol, conocido como Fran Fijap. Capuchetti sostuvo que estos episodios deben abordarse mediante los mecanismos administrativos del Congreso y no a través de la Justicia penal. La decisión podrá ser apelada ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los incidentes ocurrieron durante la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso, jornada marcada por intercambios verbales entre legisladores y miembros del entorno presidencial. Manes había acusado a Caputo de agresiones, mientras que Miguez denunció a Antunez Pachol por conductas similares. Sin embargo, la jueza consideró que estos actos forman parte de la “confrontación de ideas” propia del debate político. 

En su análisis, Capuchetti respaldó parcialmente un dictamen del fiscal federal Ramiro González, quien inicialmente había solicitado avanzar con medidas de prueba. No obstante, la magistrada discrepó al subrayar que “la indignación personal por ciertos acontecimientos públicos no implica automáticamente la intervención del derecho penal”. 

En el escrito, Capuchetti remarcó que las discusiones en el Congreso, incluso aquellas con “tono elevado” o momentos de confrontación, deben entenderse dentro de los márgenes del “intercambio político legítimo”. “El diseño institucional democrático no solo acepta, sino que estimula la confrontación de ideas”, argumentó. 

Además, señaló que cualquier inconveniente relacionado con el orden en el recinto debe resolverse mediante los reglamentos internos del Parlamento, sin judicializar los conflictos. “Si bien ciertas expresiones pueden ser reprobables éticamente, no por ello adquieren carácter delictivo”, añadió. 

La resolución reaviva el debate sobre los límites entre la política y la Justicia. Desde el entorno de Manes, aún no se confirmó si apelarán la decisión. Por su parte, el archivo del caso representa un respaldo a la postura del oficialismo, que había calificado las denuncias como una “criminalización de la política”. 

El fallo de Capuchetti sienta un precedente sobre cómo abordar futuros conflictos en el ámbito legislativo, subrayando la primacía de las herramientas administrativas frente a la vía penal.