La Corporación Vitivinícola Argentina demandará al Gobierno por la eliminación del aporte obligatorio al PEVI

La disputa entre el Gobierno nacional y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) escaló a un nuevo nivel. Tras la decisión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar el aporte obligatorio que realizan las bodegas para financiar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), la entidad resolvió avanzar judicialmente para frenar la medida. El directorio de COVIAR tomó la definición durante una reunión realizada el viernes 8 de mayo, apenas dos días después de que se conociera la resolución oficial.

Desde la corporación calificaron la iniciativa del Gobierno como inconsulta, inoportuna e improcedente, y confirmaron la presentación de una medida cautelar junto a un recurso de amparo. Según detallaron, la decisión fue respaldada por cámaras empresarias y representantes de provincias vitivinícolas como San Juan, Catamarca, Jujuy, La Rioja y Entre Ríos, lo que evidencia un amplio consenso en contra de la medida oficial.

El presidente de COVIAR, Fabián Ruggeri, sostuvo que el objetivo es impedir que se interrumpa el sistema de financiamiento del PEVI. “La contribución no puede dejar de ser obligatoria porque, de otro modo, algunos pagarían mientras todos se benefician”, argumentó. La controversia se originó luego de que Sturzenegger justificara la eliminación del aporte señalando que el Estado estaba actuando como recaudador de fondos para el sector privado.

Ruggeri respondió con dureza al ministro y consideró que la medida suma tensión a un sector que atraviesa una situación crítica. Además, lo acusó de tener una mirada parcial y elitista de la actividad vitivinícola, al considerar que sólo escuchó a una parte de la industria. El conflicto expone las tensiones entre la política desreguladora del Gobierno y los sectores productivos que reclaman esquemas de financiamiento colectivo.

El eje central de la estrategia judicial de COVIAR está apoyado en la Ley Nacional 25.849, sancionada en 2004, que dio origen al PEVI y estableció el funcionamiento de la corporación como una entidad de derecho público no estatal. Para la conducción de la entidad, ese marco legal sigue plenamente vigente y no puede ser alterado mediante una simple resolución administrativa. “Una resolución no puede modificar una ley”, remarcaron desde COVIAR.

El recurso será presentado ante la Justicia en los próximos días. La eliminación del aporte obligatorio pone en riesgo el financiamiento del plan estratégico de una de las industrias más emblemáticas del país, en un contexto de caída del consumo y apertura importadora. El desenlace del conflicto marcará un precedente sobre los límites de la desregulación estatal en sectores productivos regulados por leyes de larga data. Mientras tanto, el Gobierno defiende su decisión como parte de la eliminación de privilegios y cargas innecesarias al sector privado.

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