La Comisión Investigadora concluye que la operatoria de la criptomoneda LIBRA fue una estafa favorecida por la intervención presidencial

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados presentó su informe final sobre la operatoria de la criptomoneda LIBRA, en el que concluyó que el token funcionó como una memecoin sin utilidad real y bajo un esquema fraudulento típico de un rug pull.

El documento sostiene que la promoción realizada por el presidente Javier Milei fue un elemento determinante para disparar la maniobra y que su intervención directa permitió que la operatoria alcanzara una magnitud inédita.

Según el informe, el tuit publicado por Milei el 14 de febrero de 2025, desde su cuenta oficial verificada como jefe de Estado, divulgó por primera vez el contrato del token —un dato que no era público— y generó un salto exponencial en su cotización. En los 22 segundos previos a ese mensaje, se registraron 87 transacciones por 13,5 millones de dólares desde 74 billeteras distintas, lo que para los investigadores corroboró la existencia de insiders con información privilegiada. La caída posterior dejó pérdidas en más de 114.000 billeteras, afectando al 80% de los inversores, mientras que sólo 36 cuentas registraron ganancias superiores al millón de dólares.

El informe también detalla vínculos económicos acreditados entre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales, todos relacionados con el lanzamiento del token, y señala la repetición de maniobras similares efectuadas previamente con la criptomoneda KIP en diciembre de 2024. Para la Comisión, estos patrones evidencian un modus operandi sostenido que buscó evadir controles institucionales y que podría configurar delitos adicionales.

En cuanto a la responsabilidad política del presidente, la investigación sostiene que Milei actuó en continuidad con antecedentes como CoinX, Vulcano y KIP, promoviendo proyectos financieros sin activar ningún mecanismo estatal de debida diligencia. También señala que existió conocimiento previo de los antecedentes dudosos de los promotores y que hubo advertencias elevadas a funcionarios de Casa Rosada antes del lanzamiento de LIBRA. La ausencia de denuncias del Presidente contra los involucrados, sumada a su falta de colaboración con la Comisión, refuerza para los diputados la hipótesis de una conducta incompatible con sus obligaciones institucionales.

El documento también apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien atribuye haber facilitado ingresos de los principales operadores de LIBRA a la Casa Rosada. Se identificaron 16 reuniones, 12 de ellas sin registro formal en el sistema de audiencias. Además, la funcionaria fue convocada en dos oportunidades a declarar ante la Comisión y no asistió ni presentó justificación, lo que fue interpretado como una obstrucción deliberada.

El informe critica duramente el desempeño de organismos del Ejecutivo, como la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Tareas de Investigación, a las que acusa de actuar como mecanismos de auto-investigación sin transparencia, negar documentación solicitada y dictar resoluciones “insostenibles”.

También cuestiona la falta de colaboración de funcionarios como Alejandro Melik, María Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva, así como la intervención del juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, a quienes acusa de bloquear el acceso parlamentario a la causa judicial.

Entre las resoluciones, la Comisión solicitará remitir toda la prueba a la Justicia, denunciar por incumplimiento de deberes a los funcionarios que obstaculizaron la investigación y pedir la apertura de un jury contra el juez Martínez De Giorgi.

Además, recomienda insistir en la citación a Javier y Karina Milei y analizar reformas legales que fortalezcan los mecanismos de control legislativo y la transparencia en la relación entre funcionarios y actores privados. El informe concluye señalando que corresponde evaluar si el Presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

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