Juicio a la Corte: la comisión de Juicio Político de Diputados envió los cargos contra los magistrados
- Redacción
- 20 octubre, 2023
- Congreso
- Cámara de Diputados de la Nación, Carlos Rosenkrantz, Carolina Gaillard, Consejo de la Magistratura, Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Juicio Político, Ricardo Lorenzetti, Rodrigo de Loredo
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La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación informó el envío de los cargos contra los jueces de la Corte Suprema por mal desempeño. Tienen hasta el próximo jueves 2 de noviembre para realizar su descargo vía escrita o personalmente a la próxima reunión de la comisión el 7 de noviembre.
Tras nueve meses de 24 reuniones, 65 testigos y más de cinco ejes, la comisión de Juicio Político notificó el envío de los cargos por mal desempeño contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
En ese sentido, los jueces de la Corte Suprema de Justicia tendrán hasta el próximo jueves 2 de noviembre para realizar su descargo vía escrita, o para asistir personalmente a la próxima reunión de la comisión de Juicio Político, prevista para el martes 7 de noviembre.
“La comisión analizará el descargo de los ministros de la Corte Suprema, y en función de eso dictaminará en el mes de noviembre”, anticipó la presidenta de la comisión de Juicio Político, la diputada oficialista Carolina Gaillard.
En rigor, los cargos que envió esta semana la comisión de Juicio Político, encargada del encausamiento contra los magistrados de la Corte Suprema, acusa a los miembros del máximo tribunal de irregularidades como “posible mal desempeño de sus funciones”, “manifiesta parcialidad”, “arbitrariedad”, “desvío y abuso de poder a la hora de emitir sus fallos”, entre otros.
Una vez que los jueces de la Corte Suprema realicen su descargo, si es que lo hacen, la comisión de Juicio Político podrá emitir el dictamen y llevarlo a la Cámara de Diputados, donde necesitará que dos tercios de los presentes voten afirmativamente contra los magistrados del máximo tribunal.
Con este avance, la comisión de Juicio Político dejará atrás la etapa de investigación contra la Corte Suprema, algo que anunció la presidenta del cuerpo parlamentario, Carolina Gaillard -la legisladora entrerriana fue muy cuestionada por miembros de la oposición- , cuando remarcó que las intenciones del organismo son “ir concluyendo cada una de las investigaciones y, si ya están todas las constancias probatorias, darles la posibilidad a los jueces, según lo establece el artículo 13 del reglamento interno, de que puedan presentar el oportuno descargo”.
En efecto, de acuerdo al artículo 13 de la comisión de Juicio Político, “reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado”.
En concreto, la comisión de Juicio Político comenzó a abordar en enero de este año una serie de fallos en los que se presume que los jueces de la Corte Suprema tuvieron un accionar irregular, e incorrecto para su carácter de magistrados del ente judicial más importante del país. Estos fallos fueron el 2×1, coparticipación federal, el Consejo de la Magistratura, la gestión en la Obra Social en el Poder Judicial de la Nación y la causa “Abuso de Poder”. Sin embargo, solo los tres primeros fueron tomados por los diputados oficialistas para realizar los cargos contra Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda.
Juicio a la Corte: de qué trató el fallo 2×1
El fallo 2×1, fue dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, pero ya había sido sancionada por el Congreso en 1994. La norma determinó que, después de haberse cumplido dos años de una prisión preventiva, “se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión”.
En otras palabras, el fallo 2×1 establecía que, luego de que se transcurran esos dos años de prisión preventiva, el período posterior se contabilizaba como parte de la pena impuesta, con el objetivo de dar un plazo razonable a los procesos penales y reducir el impacto de la prisión condena.
No obstante, la ley fue derogada en 2001, hasta que la Corte Suprema la volvió a dictar en 2017. Pero, luego de protestas sociales y boicots de tribunales de todo el país que se negaron a adherir al fallo que favorecía a genocidas de la última dictadura cívico-militar, el 4 de diciembre de 2018, el máximo tribunal decidió dar marcha atrás y revertir la sentencia.
Juicio a la Corte: el fallo por la coparticipación federal
El 10 de diciembre de 2020, el Ejecutivo nacional liderado por el presidente Alberto Fernández, consiguió sancionar la ley 27.606, que postulaba que la Ciudad de Buenos Aires debía recibir el 2,32% de coparticipación federal por el costo de la Policía Federal, que fue trasladada de Nación a Capital Federal en 2016.
El recorte, no fue del agrado del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que exigió que los impuestos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires debía ser del 2,95%.
Ante la falta de acuerdo y luego de que el caso se eleve al máximo tribunal, el pasado 21 de diciembre la Corte Suprema avaló la medida cautelar de Larreta, suspendió la ley 27.606, y dispuso que el Ejecutivo nacional debe pagarle al Gobierno porteño el 2,95% de la coparticipación federal “en forma diaria y automática”.
En este contexto, la principal hipótesis que sostuvieron los diputados de Unión por la Patria en esa etapa del juicio a la Corte es que, para que se sancione el fallo sobre la coparticipación federal, hubo vínculos entre el máximo tribunal y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En rigor, los legisladores oficialistas insistieron en que existieron negociaciones entre el el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, el jefe de Asesores de Rosatti, que trascendieron mediáticamente mediante una serie de chats filtrados. Esto, con el objetivo para acordar las normas del fallo por la coparticipación federal.
Juicio a la Corte: el fallo por el Consejo de la Magistratura
En diciembre de 2021, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura aprobada en el 2006, que estipulaba la reducción del cuerpo del ente de 20 a 13 miembros, ya que el número impar no permitía el equilibrio entre la representación política (funcionarios y legisladores) y la de los estamentos (jueces y abogados).
Por ende, el organismo encargado de seleccionar y destituir jueces sufrió un aumento de integrantes, y quedó en manos de Rosatti, quien se había convertido en presidente de la Corte Suprema en octubre de ese mismo año, es decir, dos meses antes del fallo.
Esto, fue condenado por la propia Gaillard, quien expuso que el fallo del Consejo de la Magistratura fue enviado “diez días después” de que el Ejecutivo nacional enviara un proyecto de reforma del organismo. “Demoraron el fallo para que salga cuando Rosatti detentara la presidencia de la Corte”, denunció.
