Jueces por decreto: empresarios y académicos se suman a las críticas contra las designaciones de Lijo y García Mansilla para la Corte

La designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para ocupar las vacantes de la Corte Suprema no solo generó rechazo de la oposición política, sino que encontró objeciones en distintos sectores académicos y los empresarios también sumaron sus críticas.

“Consideramos que la designación por decreto en comisión a jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debilita la calidad de las instituciones que forman nuestro sistema de Gobierno y contradice los valores republicanos”, afirmaron en el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

En tanto, en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) manifestaron que “la designación extraordinaria y transitoria de los jueces a la Corte Suprema pueden opacar estos esfuerzos y afectar la previsibilidad que el país necesita para consolidar su crecimiento”.

Respecto de la decisión del Gobierno, en AmCham sostuvieron que “si bien tiene andamiaje legal previsto en la Constitución como un mecanismo extraordinario, representa un riesgo potencial para la seguridad jurídica y el equilibrio institucional que debe regir en una república democrática”.

En tanto, 30 prestigiosas organizaciones relacionadas con el mundo de las leyes se sumaron a cuestionar esta decisión. “No respeta la división de poderes, compromete la legitimidad de la Corte, afecta su deber de garantizar la igualdad de género e ignora las múltiples objeciones expresadas sobre los candidatos”, advirtieron especialistas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

También los abogados constitucionalistas Daniel Sabsay y Andrés Gil Domínguez criticaron la decisión del Ejecutivo, mientras que un grupo de organizaciones de la sociedad civil también expresaron su oposición.

Los senadores del interbloque de UxP expresaron su preocupación ante la decisión presidencial en un comunicado titulado “Sin acuerdo del Senado, no habrá juez de la Corte” en el que señalaron que “esta forma de designación es manifiestamente inconstitucional”.

Los legisladores del peronismo argumentaron que el procedimiento adecuado para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema requiere el acuerdo del Senado, y que el uso de un decreto vulnera la división de poderes establecida en la Constitución Nacional.

Por su parte, el bloque de senadores de la UCR también manifestó su oposición a la medida adoptada por el Ejecutivo mediante un escueto comunicado, en el que calificaron los nombramientos por decreto como “grave, imprudente e innecesario, ya que los mecanismos constitucionales se encuentran plenamente en funcionamiento”.

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