Gobernadores de todo el arco político se reúnen ante la crítica caída de fondos coparticipables

Con un clima de tensión creciente, los gobernadores de todo el espectro político -peronistas, radicales y del PRO- se congregarán este martes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para analizar el desplome de las transferencias automáticas, el impacto del ajuste fiscal y el deterioro financiero de las provincias.

La preocupación central se centra en la abrupta caída de los recursos coparticipables. Según un informe técnico circulado entre los mandatarios, entre 2023 y las proyecciones para 2025 la merma real alcanzaría el 11,5%. Solo entre 2024 y 2025, la disminución sería del 4,2%, según cálculos de la Comisión Federal de Impuestos.

“El impacto representa una pérdida de casi $2,5 billones en moneda homogénea, equivalente al 0,3% del PBI”, alerta el documento. Al comparar con 2023, la caída totaliza aproximadamente $7,4 billones, casi 1% del PBI. Los fondos coparticipables representaron este año el 45% de los ingresos provinciales, porcentaje que supera el 60% en doce jurisdicciones.

El encuentro se realizará en la sede alternativa del CFI en la calle Azopardo, Buenos Aires, debido a obras en la ubicación histórica. Se espera la presencia física de al menos quince gobernadores, incluyendo referentes de la UCR y el PRO, mientras algunos mandatarios peronistas participarían virtualmente. Incluso Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño -sin representación formal en el CFI- tiene previsto asistir.

La convocatoria fue realizada por Ignacio Lamothe, titular del organismo, quien presentará nuevas herramientas de financiamiento para infraestructura, sector gravemente afectado por el ajuste nacional.

La crisis fiscal se agudiza en vísperas del pago del medio aguinaldo, con múltiples provincias enfrentando dificultades para cumplir obligaciones salariales. A esto se suman el congelamiento de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuyo stock supera los $1.000 millones, y la paralización de transferencias presupuestarias.

Los reclamos se extienden al deterioro de rutas nacionales y la detención de obras públicas, especialmente en vivienda e infraestructura básica. El contexto se complejiza con las transferencias por coparticipación, que el mes pasado registraron una suba interanual de apenas 10,6% -la más baja desde mayo de 2020-, generando una pérdida real superior al 50% frente a la inflación. Esta situación deriva de cambios tributarios del Ejecutivo nacional y una recuperación del consumo lenta y desigual entre sectores.