Encuentro Federal busca destituir a Guillermo Francos por incumplir ley de discapacidad

El gobierno de Javier Milei decretó la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad, pero inmediatamente suspendió su implementación a través del decreto 681/25, alegando la falta de financiamiento necesario para su aplicación. Esta decisión condicionó la vigencia efectiva de la normativa a la inclusión de partidas específicas en el futuro proyecto de Presupuesto 2026.

En respuesta, un conjunto de diputados nacionales de Encuentro Federal, liderados por Oscar Agost Carreño, presentó una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El pedido se basa en el incumplimiento de la ley 27.793, que había sido ratificada por ambas cámaras del Congreso luego de que la oposición lograra revertir el veto presidencial.

La iniciativa apela al artículo 101 de la Constitución Nacional, el cual establece que para remover a un ministro del Poder Ejecutivo se requiere el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras legislativas. De esta manera, si la oposición consigue fundamentar adecuadamente sus acusaciones, la destitución de Francos sería viable con ese apoyo parlamentario.

Oscar Agost Carreño manifestó en la red social X que el gobierno ha quebrantado el estado de derecho al suspender la aplicación de una ley vigente. “La democracia no se negocia. Y las leyes se cumplen siempre, aunque no les guste perder discrecionalidad”, afirmó el legislador, señalando la gravedad de la medida adoptada por el Ejecutivo.

La moción de censura impulsada por el diputado cordobés cuenta con las firmas de otros integrantes del bloque que conduce Miguel Pichetto, entre ellos Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón. Estos respaldos reflejan un amplio descontento en el arco opositor frente a la gestión de Francos.

Las acusaciones contra el jefe de Gabinete incluyen no solo la omisión en la reasignación de partidas presupuestarias conforme lo exige la ley de discapacidad, sino también la emisión de decretos considerados nulos e inconstitucionales y la violación de la división de poderes del Estado. Los legisladores argumentan que estas acciones configuran una grave transgresión institucional.

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, se sumó a las críticas, sosteniendo que el decreto 681/2025 incurre en nulidad absoluta. Ferraro emphasized que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para agregar condiciones o pasos adicionales a la aplicación de leyes ya sancionadas por el Congreso, ya que esto altera el procedimiento establecido por la Constitución.

Ferraro exigió el inmediato cumplimiento de la ley, recordando que la normativa obliga al jefe de Gabinete a asignar y reasignar partidas presupuestarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. “Basta de excusas y de maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley”, concluyó el diputado, cerrando su reclamo en la misma red social.