En el Informe 145 de Jefatura de Gabinete, el Gobierno negó cualquier vínculo con la criptoestafa Libra y se desligó de las acusaciones contra Adorni

El Poder Ejecutivo presentó el Informe 145 de la Jefatura de Gabinete, en el que brinda una respuesta institucional a las consultas de la Cámara de Diputados sobre diversos temas, con un capítulo especial dedicado al escándalo de la criptomoneda Libra. En el documento, el Gobierno califica la operación como una iniciativa estrictamente privada y subraya que el Estado Nacional no suscribió acuerdos, cartas de intención ni garantías relacionadas con su funcionamiento.

En relación con la causa judicial que investiga el caso, el informe indica que se encuentra en trámite y que también hay investigaciones administrativas en curso a cargo de la Oficina Anticorrupción y la Comisión Nacional de Valores. El Ejecutivo sostiene que actuó con celeridad mediante el dictado del Decreto 114/25, que permitió reunir evidencia y colaborar con el Poder Judicial, y asegura que no ha habido obstrucción a la labor judicial.

Uno de los puntos más relevantes del documento es la mención a que la Oficina Anticorrupción analizó pautas para el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos, con el objetivo de evitar conflictos de interés. Esta medida parece apuntar a prevenir situaciones como la que derivó en la promoción de la criptomoneda Libra por parte del presidente Javier Milei, que desató una tormenta política y judicial.

Sobre el patrimonio y la conducta personal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el informe responde a los interrogantes vinculados a su gestión anterior como vocero presidencial y a supuestas comunicaciones privadas. La respuesta oficial sostiene que estos requerimientos indagan sobre actos de carácter personal que exceden las facultades del Jefe de Gabinete establecidas en la Constitución Nacional.

Respecto a la percepción de pagos, beneficios u honorarios por parte de Adorni, el informe declara que no obra información en los registros de la Administración Pública Nacional que acredite tales extremos. El documento también reafirma que el régimen de incompatibilidades se rige por la Ley de Ética en la Función Pública, una norma que el oficialismo suele esgrimir para blindar a sus funcionarios.

El Gobierno rechazó validar información proveniente de filtraciones periodísticas de origen incierto, argumentando que la justicia es el único ámbito adecuado para determinar la veracidad y el alcance de los documentos agregados a la causa. Esta postura refleja la estrategia oficial de deslegitimar las denuncias mediáticas mientras aguarda las definiciones judiciales.

El informe concluye ratificando la responsabilidad institucional del Poder Ejecutivo en el esclarecimiento total de las circunstancias investigadas. Sin embargo, la oposición cuestiona que el documento no aporte elementos novedosos y que se limite a reiterar argumentos formales para despegar al Gobierno y a Adorni de cualquier responsabilidad en los escándalos de corrupción que los salpican.

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