En conferencia de prensa, Senadores y Diputados peronistas reclamaron la liberación de CFK y envian una carta a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura

Senadores y diputados de Unión por la Patria brindaron este miércoles una conferencia de prensa en el Congreso para expresar su rechazo a la prisión domiciliaria que cumple desde hace un año la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en la causa Vialidad. Los jefes de los bloques peronistas, José Mayans en el Senado y Germán Martínez en Diputados, encabezaron el reclamo y remitieron una carta a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura exigiendo el fin de lo que consideran una situación injusta. La presentación se produjo en el aniversario de la detención, ocurrida el 10 de junio de 2025.

Durante la rueda de prensa, Martínez sostuvo que ni los genocidas ni los narcotraficantes tienen condiciones de detención domiciliaria tan restrictivas como las que se aplican a la ex mandataria. Los legisladores denunciaron que existe un trato diferencial y arbitrario, y advirtieron que la democracia argentina se encuentra lesionada por la persecución política a través del servicio de justicia. Según su visión, la situación de Fernández de Kirchner excede su caso particular y afecta los principios fundamentales del sistema republicano.

Los dirigentes recordaron que el 3 de junio de 2025, apenas siete días antes de quedar firme su condena, la ex presidenta había anunciado su candidatura a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires. Para los legisladores, la celeridad inusual de la Corte Suprema en resolver su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tuvo como finalidad explícita frustrar esa postulación, excluyendo a la principal figura opositora de la competencia electoral. En la carta enviada al máximo tribunal y al Consejo de la Magistratura, calificaron esta situación como una proscripción política inadmisible.

La coincidencia temporal entre el anuncio de su candidatura y el fallo judicial, sumada a la presión mediática, son interpretadas por los parlamentarios como pruebas directas de falta de imparcialidad de los magistrados intervinientes. Sostienen que esta situación consolida una percepción compartida por amplios sectores de la sociedad argentina y de la comunidad internacional: que la decisión judicial tuvo consecuencias directas en la vida democrática del país y en el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes.

Los legisladores también hicieron hincapié en las condiciones excepcionalmente restrictivas que rodean la detención domiciliaria de Cristina Fernández. Señalaron que sobre ella se impone un régimen de control político, familiar y social de severidad inusitada, y contrastaron ese tratamiento con el que reciben condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. En el escrito dirigido a la Corte y al Consejo de la Magistratura, el bloque peronista sostuvo que se trata de una detención cuya finalidad es proscriptiva y persecutoria, no resguardos procesales genuinos.

La democracia se ve afectada, advirtieron, cuando el Poder Judicial deja de ser percibido como garante imparcial y pasa a ocupar un lugar central en la competencia política mediante sentencias utilizadas para perseguir y proscribir a líderes populares. La exclusión de liderazgos a través de decisiones judiciales arbitrarias desplaza al pueblo soberano la facultad de decidir quiénes deben representar sus intereses en las urnas, un fenómeno que consideran entre los más preocupantes para la república. La carta a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura buscó poner en evidencia esta crisis institucional.

Por todo ello, los senadores y diputados de Unión por la Patria alertaron sobre una profunda crisis de confianza institucional y un preocupante deterioro de los principios democráticos. En el documento remitido a los máximos órganos judiciales, exigieron el apego irrestricto a la ley y a la Constitución Nacional, y reclamaron que se ponga fin a una situación que, a su juicio, constituye lisa y llanamente una forma de proscripción política que hiere la legitimidad democrática de la República Argentina.

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