El senador Blanco impugna el decreto que suspende la ley de discapacidad

El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco, presentó formalmente un proyecto de resolución en el Senado de la Nación. La iniciativa expresa un rechazo absoluto al Decreto 681/25, divulgado en el Boletín Oficial el pasado 22 de septiembre de 2025.

Dicha norma promulga la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad, pero al mismo tiempo suspende de manera inmediata su puesta en ejecución. Esta decisión del Poder Ejecutivo ha generado una firme oposición desde el ámbito legislativo.

Pablo Daniel Blanco argumentó que el decreto adolece de una nulidad absoluta y es manifiestamente inconstitucional. Sostuvo que la medida viola principios fundamentales del sistema republicano, como la división de poderes y el proceso establecido para la sanción de las leyes.

El legislador hizo hincapié en que el Presidente carece por completo de atribuciones para suspender una ley que se encuentra vigente. Advirtió que esta acción vulnera el orden democrático, la legalidad y la supremacía constitucional del Congreso.

Más allá de los aspectos formales, Blanco manifestó una honda preocupación por las consecuencias concretas de la suspensión. Subrayó que la medida afecta de manera directa a las personas con discapacidad, desconociendo derechos que ya habían sido adquiridos.

Por estos motivos, el senador fueguino exigió al gobierno nacional que proceda de inmediato a cumplir con la aplicación integral de la ley. Asimismo, reclamó que se asignen con urgencia los recursos presupuestarios necesarios para su implementación efectiva.

Finalmente, Pablo Daniel Blanco calificó la estrategia presidencial como un verdadero atropello al Congreso y al sistema republicano. Cuestionó la figura de un “reveto”, afirmando que no existe ninguna base en la Constitución Nacional para promulgar una ley y al mismo tiempo impedir su aplicación.

El senador concluyó alertando que esta decisión compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino en materia de derechos humanos, al incumplir con las obligaciones asumidas en favor del colectivo de personas con discapacidad.

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