El Senado busca aprobar la Ley de Propiedad Privada pero la duda con el quórum amenaza la sesión

La Cámara alta se apresta a vivir una de las jornadas más complejas del año legislativo, en lo que será la última reunión previa al receso invernal. El oficialismo buscará darle media sanción al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa del ministro Federico Sturzenegger que propone una reforma integral del régimen de propiedad en Argentina. Si bien el texto abarca modificaciones en expropiaciones, desalojos y manejo del fuego, el capítulo que despertó mayores controversias es aquel que elimina los topes vigentes para que personas y empresas extranjeras adquieran tierras rurales, reavivando el debate sobre la soberanía territorial y el control de recursos estratégicos.

La sesión comenzará este jueves al mediodía bajo la presidencia de la vicegobernante Victoria Villarruel, aunque hasta último momento persistían dudas sobre la posibilidad de reunir el quórum necesario. La discusión trasciende la tradicional grieta entre oficialismo y oposición, ya que según versiones parlamentarias el proyecto también generó diferencias dentro del propio Gobierno. Fuentes legislativas indicaron que Villarruel expresó reparos sobre el capítulo referido a la venta de tierras y mantuvo un tenso intercambio con la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien lideró las negociaciones para garantizar la aprobación. Pese a esos roces, desde La Libertad Avanza aseguran contar con el respaldo de sus aliados y de parte de los bloques provinciales para avanzar con la iniciativa.

El punto más discutido de la norma modifica la Ley 26.737, sancionada en 2011, que actualmente establece que los extranjeros no pueden superar el 15 por ciento de la superficie rural de cada provincia y municipio. El nuevo texto elimina esos límites para personas físicas y empresas privadas foráneas, y solo mantiene restricciones para Estados extranjeros y compañías con participación estatal, que deberán obtener autorización provincial y nacional para concretar las operaciones. La propuesta también flexibiliza las adquisiciones en zonas de frontera mediante un sistema de autorización con “silencio administrativo positivo”, lo que implica que si el Estado no responde dentro del plazo previsto, el trámite quedará aprobado automáticamente.

Para el Gobierno, la reforma busca eliminar trabas a las inversiones y equiparar el régimen argentino con estándares internacionales, pero desde la oposición sostienen que la iniciativa facilita la concentración de tierras en manos de capitales extranjeros y debilita las herramientas de protección sobre áreas consideradas estratégicas. El proyecto no se limita únicamente a la venta de tierras: uno de sus capítulos modifica el régimen de expropiaciones al restringir el concepto de utilidad pública y ampliar las indemnizaciones que deberá afrontar el Estado, incluyendo el lucro cesante debidamente acreditado, lo que según sus impulsores brinda mayor seguridad jurídica a los propietarios.

Otro de los cambios habilita procedimientos de desalojo más ágiles, permitiendo que un juez ordene la restitución provisoria de un inmueble antes de la sentencia definitiva cuando considere verosímil el derecho invocado por el demandante. Además, la iniciativa elimina las restricciones que actualmente impiden modificar durante décadas el destino de tierras afectadas por incendios, un aspecto que también despertó cuestionamientos por parte de organizaciones ambientalistas. La amplitud de las reformas convierte a esta sesión en una prueba de fuego para la capacidad de gestión del oficialismo en el Congreso.

Desde Unión por la Patria concentraron sus esfuerzos en intentar frenar la eliminación de los límites para la compra de tierras. El senador Eduardo “Wado” de Pedro calificó la iniciativa como un proyecto de “extranjerización del territorio” y cuestionó la decisión del oficialismo de avanzar con el debate en medio del clima generado por la participación de la Selección argentina en la final del Mundial. En paralelo, el bloque Convicción Federal presentó un dictamen alternativo para mantener las restricciones vigentes e incorporar nuevas categorías de protección para zonas de frontera y áreas ambientalmente sensibles, en un intento por construir un consenso que permita moderar los aspectos más controversiales del texto original.

La incertidumbre sobre el quórum y las fisuras internas del oficialismo suman un ingrediente adicional a una jornada que promete ser extensa y con un final incierto. Mientras el Gobierno insiste en que la reforma es necesaria para atraer inversiones y desburocratizar la economía, la oposición advierte que se trata de un retroceso en materia de soberanía territorial que pone en riesgo el control de recursos estratégicos. El resultado de la votación definirá no solo el destino del proyecto, sino también el humor político de cara al receso parlamentario y la capacidad del Ejecutivo para imponer su agenda en un Senado cada vez más fragmentado.

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