El PRO rechaza la designación por decreto del juez Ariel Lijo

El bloque de senadores nacionales del PRO anunció su rechazo a la designación del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una medida tomada por el presidente Javier Milei mediante un decreto. La postura fue confirmada este martes por el jefe de la bancada, Alfredo De Angeli, quien también expresó reparos sobre el nombramiento de Manuel García Mansilla, el otro jurista propuesto por el Ejecutivo.

“La mayoría del bloque va a ir en contra del pliego de Lijo”, afirmó De Angeli al salir de un encuentro del PRO en la sede nacional del partido en Buenos Aires. La reunión estuvo encabezada por el ex presidente y actual titular del PRO, Mauricio Macri, y contó con la participación de referentes como Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Soledad Martínez, Fernando de Andreis y Facundo Pérez Carletti.

Sobre el caso de García Mansilla, el senador entrerriano destacó que su dictamen “ni siquiera tiene las firmas necesarias para ser tratado en el recinto” y adelantó que “habrá un gran debate dentro del Senado” respecto a su candidatura.

El presidente Milei oficializó las designaciones de Lijo y García Mansilla mediante un decreto publicado este miércoles, justificando la decisión en la necesidad de completar la Corte Suprema, que actualmente funciona con solo tres miembros. Según el decreto, la falta de jueces complica la toma de decisiones, ya que se requieren al menos tres votos para resolver los casos.

El Gobierno también argumentó que el Senado no trató los pliegos enviados en mayo de 2024 y que, tras el receso legislativo y la finalización del período de sesiones extraordinarias, el Ejecutivo optó por avanzar con la designación en comisión, amparándose en el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional.

Las vacantes en la Corte Suprema surgieron tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021 y la de Juan Carlos Maqueda en diciembre de 2024. Según el decreto, los jueces designados deberán prestar juramento y asumir sus funciones, aunque la medida será transitoria hasta que el Senado trate sus pliegos de manera definitiva.

La decisión presidencial fue objetada por gran parte del arco opositor, que considera que el nombramiento por decreto de jueces del máximo tribunal vulnera los mecanismos constitucionales y debilita la institucionalidad del país.