El oficialismo obtiene media sanción para el Súper RIGI y la iniciativa llega al Senado

El Gobierno nacional cosechó un nuevo triunfo en el Congreso al lograr la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto denominado Súper RIGI, un régimen especial concebido para fomentar inversiones de gran magnitud en sectores industriales emergentes. La iniciativa, que surgió desde el Palacio de Hacienda, obtuvo 130 sufragios positivos, 106 negativos y 7 abstenciones, y ahora deberá enfrentar el debate en la Cámara alta. La votación reflejó el respaldo del bloque libertario junto al PRO, la UCR, el MID y diversas fuerzas provinciales, mientras que el rechazo provino de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

El instrumento legal está diseñado para atraer desembolsos que superen los mil millones de dólares en rubros considerados estratégicos o de avanzada tecnológica. Quienes se acojan al beneficio podrán acceder a ventajas impositivas, arancelarias y cambiarias, además de una garantía de estabilidad normativa por tres décadas. Para ser admitidos, los emprendimientos deberán acreditar un capital mínimo de esa magnitud y comprometer un aporte del veinte por ciento del total durante los primeros dos años de ejecución.

Entre los estímulos previstos sobresale la disminución de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al quince por ciento, la exención de aranceles de importación y exportación para bienes vinculados al plan de inversión, una contribución patronal reducida al diez por ciento y un gravamen menor sobre dividendos y utilidades. La normativa fija además un período de adhesión de cinco años contados desde su promulgación y una seguridad jurídica de treinta años, con la alternativa de dirimir controversias en tribunales internacionales. También se restringe la carga de Ingresos Brutos en las jurisdicciones que se sumen y se veda la aplicación de tributos locales que perjudiquen los proyectos acogidos.

Durante el debate en comisiones, el oficialismo introdujo modificaciones para sumar voluntades de los bloques dialoguistas. Se incorporó la exigencia de presentar un programa de abastecimiento de proveedores locales con un piso del veinte por ciento de compras nacionales, siempre que exista oferta competitiva. A su vez, se agregaron estímulos para la inversión en investigación y desarrollo, mayores exigencias ambientales y la constitución de un registro público de los emprendimientos adheridos.

El espectro de actividades alcanzadas abarca desde la industrialización de minerales críticos como litio, uranio y tierras raras, con énfasis en el procesamiento y la generación de valor agregado, hasta las energías renovables, donde se incluyen el hidrógeno verde, la fabricación de paneles solares, turbinas eólicas y equipamiento para la transición energética. La industria automotriz eléctrica también forma parte del listado, especialmente en lo referido a vehículos de esa tecnología, baterías de litio, autopartes y componentes de alta precisión.

Otra de las novedades respecto del RIGI tradicional es la incorporación de rubros vinculados con la inteligencia artificial, semiconductores, centros de procesamiento de datos, hardware de última generación, biotecnología e industria nuclear. En este último segmento, el proyecto busca promover desarrollos asociados a reactores nucleares de pequeña y mediana escala, así como tecnología relacionada con el ciclo atómico. Desde el Poder Ejecutivo sostienen que el nuevo esquema permitirá disputar inversiones que hoy se dirigen a otros mercados y ofrecer pautas estables de largo plazo.

La aprobación en Diputados evidenció una vez más la destreza del oficialismo para tejer acuerdos legislativos con el respaldo de aliados estratégicos. Mientras que los sectores que acompañaron la medida defendieron la iniciativa como una vía para captar capitales de gran porte y generar certidumbre jurídica, la oposición cuestionó la magnitud de los beneficios y alertó sobre un trato privilegiado para las grandes corporaciones. También objetaron el impacto fiscal de las exenciones, la posibilidad de acudir a tribunales internacionales y la disparidad de condiciones frente a las pymes y los sectores productivos tradicionales. Con este respaldo en la cámara baja, el proyecto comienza ahora su travesía en el Senado, donde el Gobierno intentará replicar la misma estrategia de negociación para convertir el Súper RIGI en ley definitiva.

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