El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, cuestionó el intento de Milei de derogar el régimen de Zona Fría

El intendente Guillermo Montenegro volvió a cuestionar la ley “ómnibus” que pretender aprobar el gobierno nacional en el Congreso en este caso en relación al intento de derogar el régimen de “Zona Fría” que desde 2021 incluyó a Mar del Plata entre los distritos que pagan hasta un 50% menos de las tarifas de gas por sus condiciones climáticas.

Se trató de la segunda definición dada en el día por el intendente contra el presidente Javier Milei teniendo en cuenta que más temprano había criticado los cambios que se introdujeron en torno a la pesca.

“Mar del Plata es zona fría, no puede depender del gobierno de turno“, bajo esa definición se expresó Montenegro en un nuevo comunicado difundido a través de las redes sociales en el que cargó contra el gobierno de Milei en torno a los alcances de la regresiva ley “ómnibus” que intenta aprobar esta semana en el Congreso de la Nación.

Es que este lunes como parte de los cambios introducidos en el proyecto de ley, además de ratificar sus intenciones de modificación de la Ley de Pesca -a pesar de las advertencias patronales, sindicales y políticas- también se confirmaron más retrocesos en términos tarifarios.

La modificación de Milei, por un lado, elimina la facultad de crear fondos fiduciarios energéticos -a través de los cuales se financiaban estos regímenes de hasta un 50% de descuento en las facturas- y por otro confirma la intención del gobierno avanzar con un nuevo esquema de asignación de subsidios en el que promete contemplar -aún no se sabe cómo- los beneficios vigentes por Zona Fría y derogar las dos legislaciones vigentes al respecto: la Ley 25.565 y la 27.637.

“Hace dos años, se aprobó una ley que contempla que los argentinos que viven con condiciones climáticas adversas puedan acceder a una tarifa de gas acorde a la situación de cada lugar. Esta ley, como saben, es extensiva a muchas regiones del interior del país, incluida Mar del Plata. Hoy nos enteramos que desde el Ejecutivo Nacional quieren derogar esta ley”, introdujo Montenegro en su mensaje.

Y así criticó: “Soy un convencido de que la única forma de hacer las cosas bien es escuchando al interior del país y conociendo su realidad, que es la realidad de miles de argentinos que viven en nuestras provincias. No se pueden tomar decisiones solo desde la lógica del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)”.

En el mismo sentido el intendente sostuvo que lo contenido en la ley -sancionada después de años de reclamos desde Mar del Plata- “no es un capricho ni una cuestión de beneficios por que sí”. “Es una manera de hacer que las zonas geográficas en las que es 100% necesario usar más calefacción debido a las bajas temperaturas puedan hacerlo. El gas es vital para los hogares y nadie puede negar que no es lo mismo calefaccionarse en Mar del Plata que en Capital Federal o el conurbano”, enfatizó.

“Siempre se puede conversar y encontrar mejoras a los proyectos que acompañen las necesidades del gobierno de la Nación, pero que de ninguna manera perjudiquen exponencialmente a nuestros vecinos”, concluyó Montenegro y dijo que le explicará “a cada autoridad y a cada legislador el riesgo enorme que tendría aprobar este proyecto”.

Con la ley aprobada en 2021 se modificó y prorrogó por diez años el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas -creado en 2002- comprendido en el artículo 75 de la Ley 25.565, el cual presenta como objetivo financiar las compensaciones tarifarias que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de uso domiciliario deben percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales.

Esas tarifas diferenciales que empezaron a aplicarse en Mar del Plata implican reducciones del 30% que suben hasta el 50% en el caso de personas que integren los grupos vulnerables, como titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo y de pensiones no contributivas, jubilados y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el salario mínimo, vital y móvil, entre varios otros.