El Gobierno le prohibió la entrada a Casa Rosada a todos los periodistas acreditados y no hay fecha para revertir la medida

El gobierno de Javier Milei decidió impedir el ingreso a la Casa Rosada de la totalidad de los periodistas acreditados, una medida que no registra antecedentes desde el retorno de la democracia en 1983. La disposición se adoptó de manera repentina, sin comunicado oficial, y bajo el argumento de un supuesto caso de espionaje ilegal. Semanas atrás, el Ejecutivo ya había restringido el acceso a corresponsales de medios opositores aludiendo a una presunta operación de desinformación rusa.

Desde el jueves, ningún trabajador de prensa pudo ingresar a Balcarce 50, ya que el Gobierno eliminó las huellas dactilares de todos los comunicadores del sistema biométrico de acceso. Además, dejó sin efecto la prórroga de las acreditaciones correspondientes a 2025, que habían vencido a fines de marzo y habían sido extendidas durante abril en tanto se completaba el proceso anual de reempadronamiento. Fuentes del Ejecutivo confirmaron que se decidió quitar las huellas de manera preventiva por el espionaje ilegal, y advirtieron que no hay un plazo definido para revisar la medida. “Hasta tanto no esté el nuevo reempadronamiento, no se va a habilitar el ingreso de ningún periodista a la Casa”, indicaron.

La sala de prensa del palacio gubernamental, que había permanecido habilitada incluso en contextos de interrupción institucional, se encuentra cerrada. Los periodistas se enteraron de la prohibición directamente en las rejas de ingreso al edificio, sin haber recibido notificación previa por ningún canal oficial. La medida afecta tanto a medios nacionales como internacionales y no distingue entre líneas editoriales afines o críticas al oficialismo.

El detonante inmediato de esta decisión fue la emisión de un programa televisivo en el canal Todo Noticias (TN), conducido por Luciana Geuna, en el que se mostraron imágenes grabadas en distintos sectores internos de la Casa Rosada, incluidos pasillos e instalaciones del edificio. Las imágenes fueron difundidas el domingo previo a la adopción de la medida, lo que generó un fuerte malestar en las autoridades.

La Casa Militar, organismo encargado de la seguridad del edificio y de la residencia presidencial que depende de la Secretaría General de Presidencia a cargo de Karina Milei, presentó una denuncia penal contra los responsables del reportaje. En circunstancias normales, una situación de este tipo derivaría únicamente en sanciones para el medio periodístico implicado, pero el gobierno optó por utilizarla como excusa para frenar el ingreso de todos los periodistas, incluso aquellos sin ningún vínculo con el episodio.

Previamente, el Gobierno ya había utilizado una investigación sobre el supuesto financiamiento ruso a medios opositores para prohibir la entrada a algunos periodistas acreditados. En esa oportunidad también aseguraron que se trataba de una medida temporal, pero el tiempo solo llevó a que empeoraran las condiciones de acceso. La decisión actual profundiza ese criterio y amplía la restricción a la totalidad de la prensa.

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión manifestaron su preocupación por lo que consideran un avance sin precedentes contra el trabajo periodístico en democracia. La medida, que no tiene plazos definidos para su revisión, deja en vilo la cobertura habitual de la actividad presidencial y genera un clima de incertidumbre sobre la relación entre el poder político y la prensa en la Argentina.

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