El Gobierno flexibilizó los requisitos para designar jueces de la Corte y procuradores

El oficialismo avanzó formalmente en la reconfiguración del sistema legal para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General de la Nación mediante la publicación del Decreto 467/2026 en el Boletín Oficial. La administración de Javier Milei dispuso una profunda reforma sobre los históricos decretos 222 y 588 del año 2003, flexibilizando los requisitos y suprimiendo etapas administrativas que antes precedían al envío de las postulaciones. La normativa, firmada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, elimina el filtro de exposición y observaciones ciudadanas que se desarrollaba bajo la órbita de la cartera judicial antes de la nominación formal.

El nuevo esquema deroga la obligación de publicar las candidaturas previamente para que sean de conocimiento público. A partir de ahora, la difusión de las hojas de vida y antecedentes de los aspirantes se canalizará exclusivamente mediante el Boletín Oficial y los portales web del Ministerio de Justicia, acortando sensiblemente los tiempos del trámite. Con esta medida, el gobierno busca agilizar los procedimientos de designación de los máximos cargos del Poder Judicial y del Ministerio Público, eliminando instancias que consideraban innecesarias o dilatorias.

Bajo esta nueva modalidad, los nominados contarán con un margen de cinco días para aportar sus declaraciones juradas patrimoniales detalladas, alcanzando tanto los bienes propios como los de sus cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, bajo los parámetros de la Ley de Ética Pública. Este plazo acotado representa un cambio significativo respecto de los procedimientos anteriores, que solían extenderse por semanas o incluso meses. La celeridad en la presentación de la documentación se convierte en un requisito central del nuevo proceso de selección.

Otro de los puntos impacta en el rol de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si bien el Ejecutivo conservó la exigencia de evaluar el comportamiento impositivo y previsional de los postulantes, el nuevo texto establece por primera vez un tope máximo de cinco días para que el organismo fiscal elabore sus informes correspondientes. La normativa remarca además la obligación de preservar el secreto fiscal del candidato bajo análisis, buscando equilibrar la transparencia con la protección de los datos personales.

Finalmente, en términos de representatividad, el decreto firmado por Mahiques omitió replicar los criterios de sugerencia que contenía el texto original del año 2003. Aquellos lineamientos instaban al Presidente de la Nación a evaluar variables de diversidad de género, especialidades jurídicas y procedencia geográfica de los postulantes a la hora de estructurar la composición del tribunal supremo. Su eliminación deja al Ejecutivo con un margen más amplio de discrecionalidad para elegir a los candidatos, sin ataduras a pautas de representación preestablecidas.

La reforma fue recibida con críticas por parte de sectores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil, que advierten sobre una posible merma en la transparencia del proceso de selección de los máximos cargos judiciales. Algunos legisladores señalaron que la eliminación de la instancia de exposición y observaciones ciudadanas reduce los mecanismos de control público sobre las designaciones. Desde el oficialismo, en cambio, defienden la medida como una herramienta para desburocratizar y acelerar nombramientos que consideran estratégicos para el funcionamiento del sistema de justicia.

Con este decreto, el gobierno completa una serie de reformas en el ámbito judicial que comenzaron con la modificación del sistema de selección de magistrados y continuaron con cambios en la estructura del Ministerio Público. La nueva normativa sienta las bases para futuras designaciones en la Corte Suprema y en las procuradurías, en un contexto en el que se esperan varias renuncias y jubilaciones en los próximos meses. El Ejecutivo confía en que el procedimiento abreviado y simplificado le permitirá cubrir las vacantes con mayor rapidez y eficiencia.

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