El gobierno derogó el polémico decreto de Alberto Fernández por el contrato de las pólizas de seguro

En medio del escándalo y la investigación judicial por la intermediación de brokers en el gobierno de Alberto fernández, la administración de Javier Milei derogó este miércoles el DNU 823/21 que obligaba al Estado a contratar pólizas con Nación Seguros y que derivó en un caso de presunta corrupción.

El decreto de Alberto Fernández de 2021 establecía que “las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional” debían implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de Nación Seguros S.A.

Ahora esta medida quedó sin efecto y el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que ese decreto “anidaba corrupción”.

Sucede que según la investigación judicial la medida desató el escándalo de una presunta defraudación al Estado por parte del gobierno de Alberto Fernández en la contratación de seguros durante su mandato.

El decreto 747/24, que deroga el DNU de Fernández, establece en su artículo 6º que “las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 deberán rescindir, en un plazo no mayor a un año desde la entrada en vigencia del presente decreto, todos los contratos y convenios que dispongan ventajas u otorguen preferencias o beneficios”.

A la vez, el decreto, que también lleva la firme del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de Sturzenegger, también eliminó la disposición de que los sueldos de empleados públicos tengan que ser pagados por el Banco Nación, que los viajes de funcionarios sean únicamente por Aerolíneas Argentinas y que la nafta de los autos oficiales solo se cargue en YPF.

La causa contra Alberto Fernández empezó por una auditoría interna del actual gobierno de Javier Milei en la ANSES, que detectó la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers. En el expediente investigan los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos.