Dos visiones enfrentadas sobre cómo responder a los delitos de adolescentes
- Informe Vip
- 27 enero, 2026
- Congreso
- baja de edad de imputabilidad, Congreso, Manuel Adorni, Maximiliano Pullaro, Patricia Bullrich
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno incorporará el proyecto de Ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias del Congreso previstas para febrero. La iniciativa propone reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, estableciendo penas máximas de hasta quince años de prisión para quienes sean condenados.
La senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la decisión de incluir el tratamiento de esta ley en la agenda parlamentaria. A través de un mensaje público, afirmó que la sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas, convocando a un debate claro en el recinto. “Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes”, expresó.
Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tambien se manifestó a favor de una reforma del régimen penal juvenil. El mandatario criticó duramente lo que denominó “garantismo” en la legislación actual, señalando que se trata de una ideología defendida por el kirchnerismo que, en su opinión, ha causado gran daño al país.
Pullaro, integrante de Provincias Unidas, argumentó que un delito de gravedad debe ser juzgado con una pena acorde, independientemente de la edad del imputado. Su postura refuerza el apoyo político que el oficialismo busca consolidar para la aprobación de la reforma, más allá de sus propias filas.
En contraposición, organizaciones de derechos humanos alzaron su voz para cuestionar los fundamentos y la necesidad de la modificación legal. María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), señaló que la incidencia de delitos cometidos por menores de 16 años es estadísticamente mínima, representando menos del 0,1% del total.
Verdú explicó que, en los pocos casos registrados, generalmente existen adultos involucrados detrás de los hechos. “Lo que hay que investigar es básicamente a esos adultos, que en muchos casos remiten a vínculos con las fuerzas de seguridad”, sostuvo, argumentando que la medida no aborda las causas profundas de la problemática.
El debate promete intensificarse en las próximas semanas, enfrentando posturas irreconciliables entre quienes priorizan una respuesta penal más dura y quienes advierten sobre la criminalización de la juventud y la necesidad de enfoques socioeducativos. El proyecto se perfila como uno de los temas más controvertidos del período legislativo extraordinario.
