Dictaron la falta de mérito a todos los acusados por la «mesa judicial bonaerense» promovida desde AFI

El juez Marcelo Martínez De Giorgi benefició con su fallo a ex funcionarios y empresarios que ya habían sido indagados y pidió medidas de prueba a la AFI para profundizar la investigación. La decisión fue apelada por el fiscal Franco Picardi y será revisada en la Cámara Federal porteña.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó la falta de mérito a exfuncionarios y empresarios imputados en la causa por la llamada «mesa judicial bonaerense» y ordenó medidas de prueba para profundizar la investigación por presunta persecución judicial a sindicalistas durante el macrismo.

La decisión se tomó luego que la sala II de la Cámara Federal porteña declaró la nulidad de los procesamientos que se habían dispuesto a los acusados, cuando la pesquisa tramitaba en el fuero federal de La Plata, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

Mesa judicial bonaerense Foto Captura de video
El caso fue manipulado completamente desde la AFI que dirigía la ex titular del organismo de inteligencia Cristina Caamaño para beneficiar la causa judicial del sindicalista Juan Pablo «Pata» Medina. / Foto: Captura de video AFI.

La decisión del magistrado ya fue apelada por el fiscal del caso, Franco Picardi y será revisada en la Cámara Federal porteña.

La falta de mérito benefició a exfuncionarios y empresarios que habían sido ya indagados en la causa por la reunión que mantuvieron el 15 de junio de 2017 y de la que participó el entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, quien aludió allí a su deseo de tener una «Gestapo» contra el sindicalismo.

El encuentro quedó registrado por cámaras instaladas de manera ilegal en el lugar por la AFI y las filmaciones fueron entregadas a la Justicia por la ex titular del organismo de inteligencia Cristina Caamaño durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández.

La falta de mérito recayó sobre Villegas, Roberto Gigante, Adrián Grassi, Julio Garro, Juan Pablo Allan, Dario Biorci, Juan De Stefano, Diego Dalmau Pereyra, Marcelo Jaworski, Ricardo Alconada Magliano, Guillermo Moretto, Jorge Del Rio, Fabián Cusini y Bernardo Zaslascky.

Martínez De Giorgi pidió a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que «previa desclasificación» en base a lo dispuesto por la Ley de Inteligencia 25520 informe sobre «el contexto completo de como ocurrió el hallazgo del material aportado y que diera lugar al inicio de la presente causa».

La ex titular de la AFI era presidenta de Justicia Legítima, dirigió el Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (Dicom) durante la administración de Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración General de la Nación.

«A su vez, se deberá informar respecto de la existencia de un protocolo de actuación por el cual se filmarían esta clase de actos del que dio cuenta la denuncia y, en su caso, si se aplicó al caso en estudio»

El magistrado también reclamó al organismo de inteligencia «informar quién dio o pudo haber dado la orden para realizar esa filmación, con qué fecha, por qué repartición habría sido clasificada, que material se usó y a quien le pertenece».

Martínez De Giorgi ordenó también convocar a nuevos testigos y un análisis de las causas judiciales que se formaron contra el sindicalista de la construcción Juan Pablo «Pata» Medina, uno de los presuntos damnificados por las maniobras que se habrían acordado en esa reunión en la sede porteña del Banco Provincia.

En la causa se investiga si entre mayo y septiembre de 2017 hubo «una estrategia de judicialización para resolver lo que el juez instructor consideró un conflicto gremial asociado a la actividad del sindicato UOCRA-La Plata, desde los máximos niveles de decisión de los gobiernos nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la municipalidad de La Plata», según la acusación

La «estrategia» de la llamada «mesa judicial bonaerense» habría implicado la formación de causas judiciales en pocos meses «iniciadas en algunos casos a partir de denuncias anónimas realizadas sobre la base de actividades de investigación presuntamente ilegales».