Contra lo que dicta la ley 15.000, la Legislatura Bonaerense no actualiza las declaraciones juradas de sus integrantes

La Cámara de Diputados y el Senado bonaerense dejaron de publicar las declaraciones juradas de sus miembros, contra lo que dictó la Ley 15.000, votada por la propia Legislatura en diciembre de 2017, que estableció la obligatoriedad de la publicación de los informes sobre la evolución patrimonial de los diputados, senadores y funcionarios parlamentarios.

En la misma página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, comandada por Julio Alak, establece que el sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales se presenta como una herramienta esencial de transparencia institucional, acceso a la información por parte de la población y buenas prácticas de ética pública.

De acuerdo con lo establecido por la Ley N° 15.000 y los Decretos Reglamentarios N° 899/18 y 696/20 y con el fin de propender al cumplimiento de los estándares de transparencia en todas las etapas de gestión provincial, las Declaraciones Juradas Patrimoniales públicas de los funcionarios y funcionarias de la administración pública de la provincia pueden ser consultadas por la población, al igual que los listados de quienes presentaron su declaración jurada y quiénes la adeudan.

“El nuevo sistema de presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales PBA-AFIP permite optimizar los niveles de transparencia, resultando más ágil, confiable y seguro para los más de 29.000 funcionarias y funcionarios que en la actualidad presentan sus Declaraciones”, explica la reglamentación.

Sin embargo, las únicas declaraciones juradas de los diputados que se pueden consultar son las de 2018. Las de 2019, que se cargaron en diciembre de ese año, ya no están disponibles. La fecha coincide con la llegada de Federico Otermín, que responde a Martín Insaurralde, a la presidencia del cuerpo.

Las declaraciones se habrían dejado de publicar “por razones de seguridad”. Sin embargo, la ley prevé expresamente que los datos sensibles de los funcionarios se mantengan bajo reserva en un documento solo accesible por orden judicial, mientras que la declaración jurada con los datos básicos es la que debe publicarse cada diciembre (artículo 15) y estar disponible para su libre acceso (artículo 16).

“La declaración jurada patrimonial se presenta como una herramienta esencial para disuadir comportamientos contrarios a la ética pública”, sostiene la ley vigente. “Para cumplir con la finalidad de transparencia es preciso que las mismas sean accesibles al ciudadano”.

El Senado, por su parte, publicó las declaraciones juradas de sus miembros hasta 2020, incluyendo los dos primeros años de mandato de la actual vicegobernadora, Verónica Magario. Desde entonces no hay más registros.
Magario no se beneficia personalmente con la decisión, ya que su declaración jurada se publica junto a la del resto de los funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial de la provincia.

Solo la incumplen quienes votaron la ley que obliga al resto.

A su vez, los diputados y senadores continúan presentado sus declaraciones juradas cada año: tanto las reservadas como las que deberían ser públicas.