Comisión investigadora evalúa medidas por inasistencia de Karina Milei y buscan citarla con la fuerza pública

La comisión del Congreso que investiga la estafa de la criptomoneda Libra se encuentra evaluando medidas más severas ante la reiterada negativa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a comparecer ante los legisladores. Este martes, la hermana del presidente incumplió por segunda vez consecutiva con la citación parlamentaria, lo que generó un nuevo enfrentamiento institucional entre el oficialismo y la oposición.

Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión investigadora y diputado de la Coalición Cívica, confirmó que avanzarán con la solicitud para que la funcionaria sea llevada por la fuerza pública. La medida ya tuvo precedente la semana pasada cuando el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la comparecencia compulsiva de otros funcionarios que también se habían negado a declarar.

Ferraro manifestó su preocupación por la falta de colaboración del Gobierno en la investigación y reclamó al presidente Javier Milei que brinde explicaciones sobre cómo obtuvo el contrato de la criptomoneda antes de que fuera de conocimiento público. El diputado enfatizó que se trata de una investigación seria que avanza a pesar de los obstáculos impuestos por el oficialismo.

En paralelo al conflicto legislativo, se produjo un nuevo capítulo en la justicia federal con la decisión del juez Ariel Lijo de declarar su incompetencia para investigar el caso de promoción de la criptomoneda Libra. El magistrado, que reemplaza temporalmente a María Servini durante su licencia, fundamentó su resolución en la necesidad de unificar las causas que involucran a Karina Milei.

La causa por la criptomoneda Libra pasará así a manos de Marcelo Martínez de Giorgi, quien ya investiga a la secretaria general de la Presidencia por otro expediente por presunto cobro de coimas y negociaciones incompatibles con la función pública. Lijo consideró que existe una mancomunidad probatoria y de personas imputadas entre ambos casos.

El juez Lijo destacó en su resolución que la unificación de las investigaciones permitirá una mejor administración de justicia, particularmente considerando las medidas de prueba que viene desarrollando el fiscal federal Eduardo Taiano. El mismo fiscal continuará a cargo de ambas causas bajo la órbita de Martínez de Giorgi.

Este cambio representa el tercer juzgado federal que recibe la causa desde su inicio. Originalmente la investigación estaba en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado de San Isidro, hasta que en abril la Cámara Federal de San Martín ordenó su incompetencia y derivó el caso a Servini. La propia Servini había rechazado meses atrás un planteo similar de unificación.

La comisión investigadora continúa su trabajo mientras espera las respuestas del Poder Judicial sobre las medidas coercitivas solicitadas. Ferraro advirtió que los funcionarios deben atenerse a las consecuencias de sus actos si persisten en el incumplimiento de las citaciones legislativas, marcando así un nuevo capítulo en el tenso diálogo entre los poderes del Estado.