Comisión bicameral avanzó en la elección del Defensor del Pueblo y del Procurador Penitenciario

La Comisión Bicameral que preside el senador radical Daniel Ricardo Kroneberger aprobó las listas de preseleccionados para ocupar dos cargos clave en la defensa de los derechos ciudadanos. Fueron incluidos 38 aspirantes a Defensor del Pueblo y 7 postulantes para Procurador Penitenciario de la Nación en un proceso que avanza tras años de vacancia en estos organismos.

Los candidatos seleccionados deberán presentar sus planes de trabajo dentro de las próximas 48 horas, según lo establecido por la comisión. A partir de la próxima semana, iniciarán sus exposiciones ante los legisladores que integran el cuerpo bicameral, en una etapa crucial de evaluación.

Durante la comisión, se rechazó una impugnación al procedimiento de selección por considerar que sus fundamentos carecían de solidez suficiente. La decisión generó intercambios entre los legisladores presentes, reflejando las distintas posturas sobre la transparencia y metodología del proceso.

La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, cuestionó severamente el desarrollo de las audiencias al señalar que incluye a “legisladores, ex legisladores o jueces” en contradicción con las incompatibilidades establecidas. Calificó el proceso como acelerado y destinado a “imponer un Defensor” aprovechando la composición parlamentaria actual.

En contraste, la diputada Margarita Stolbizer de Encuentro Federal valoró positivamente el mecanismo implementado, destacando que organizaciones no gubernamentales habían reclamado esta apertura durante años. Subrayó el objetivo de conformar una terna de máxima calidad que garantice la independencia del futuro Defensor.

La senadora Anabel Fernández Sagasti de Unidad Ciudadana atribuyó al gobierno nacional intentos de obstaculizar el proceso por “motivos políticos e institucionales”. Recordó que el cargo lleva quince años vacante y enfatizó el trabajo legislativo para desarrollar un proceso transparente y responsable.

Los debates evidenciaron tensiones en torno a los plazos establecidos y los criterios de idoneidad aplicados en la selección. Legisladores de diferentes espacios manifestaron sus preocupaciones sobre la capacidad del proceso para garantizar la independencia funcional de los futuros designados.

La comisión continúa así con el procedimiento de designación tras años de permanecer inactiva, avanzando hacia la conformación de las ternas que serán elevadas para su consideración final. El proceso busca cubrir puestos clave en la protección de derechos ciudadanos que permanecen vacantes desde hace más de una década.