Cautelar frenó la disolución de Vialidad y protege la estabilidad de los trabajadores
- Informe Vip
- 18 julio, 2025
- Nación
- DNU, La Libertad Avanza, Milei, Vialidad Nacional
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Un juzgado federal de San Martín ordenó la suspensión inmediata del decreto que disponía la disolución de Vialidad Nacional. La medida cautelar, impulsada por el sindicato del organismo (SEVINA), obliga al Estado Nacional a abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado del Decreto 461/2025, protegiendo así la estabilidad laboral de los empleados.
El fallo judicial reconoce el carácter autárquico de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la vigencia plena de los convenios colectivos. Fundamenta su decisión en que cualquier modificación unilateral violaría derechos constitucionales y convenios internacionales de la OIT, destacando que la Ley de Bases no facultaba al Ejecutivo para disolver entes autárquicos.
Previamente, la titular de SEVINA, Emiliana McNamara, había anticipado acciones legales al considerar que el decreto excedía las atribuciones otorgadas por la normativa vigente. La resolución judicial prohíbe expresamente traslados, cesantías, pases a disponibilidad o reestructuraciones que afecten al organismo.
Paralelamente, trabajadores de Vialidad Nacional realizaron una masiva concentración frente al Ministerio de Desregulación del Estado. Gremios y organizaciones políticas expresaron su preocupación por el futuro de la infraestructura vial y advirtieron sobre las consecuencias del desmantelamiento institucional.
A nivel nacional, los 1.119 empleados de Vialidad mantienen más de 40.000 km de rutas. En Buenos Aires, el Distrito n°1 administra 4.672 km de red troncal con 570 agentes. La Comisión de Trabajo de la Legislatura bonaerense ya había expresado en mayo su “repudio y preocupación” ante los despidos, que entonces superaban los 300 casos.
El fallo representa un revés para la estrategia gubernamental de reforma estatal, al tiempo que da respiro a los trabajadores. La disputa judicial continúa mientras se evalúan los alcances del artículo 76 de la Constitución, que limita las delegaciones legislativas al Ejecutivo.
