Capitanich propone una ley para unificar el control de la deuda pública y frenar el endeudamiento sin control del Congreso

El senador nacional por el Chaco, Jorge Capitanich, presentó un proyecto de ley denominado “Ley de Integridad, Transparencia y Control de la Deuda Pública Consolidada”, que busca terminar con la fragmentación de la información financiera del Estado y establecer mecanismos estrictos de supervisión parlamentaria sobre todas las formas de endeudamiento. La iniciativa apunta a revertir una práctica recurrente en la Argentina: que el Congreso sea convocado cuando la decisión de tomar deuda ya está tomada o que sea directamente desplazado del proceso de deliberación.

El eje central de la propuesta es la creación del concepto de “Deuda Pública Consolidada”, que obligará al Estado a registrar e informar de manera unificada no solo los pasivos directos del Tesoro, sino también los pasivos remunerados del Banco Central y los pasivos contingentes. Estos últimos incluyen garantías, avales, juicios en curso, arbitrajes y derivados financieros, que hoy no siempre se contabilizan pero representan un riesgo fiscal potencial si los eventos se materializan.

Capitanich contextualizó la iniciativa con cifras contundentes: al cierre de marzo de 2026, la deuda pública alcanzó el equivalente a 469.597 millones de dólares, de los cuales 258.926 millones corresponden a moneda extranjera. Además, la Argentina mantiene un crédito pendiente con el FMI de aproximadamente 57.300 millones de dólares, lo que la posiciona como el principal deudor del organismo. El senador chaqueño advirtió que mientras el gobierno exhibe un superávit primario, hay 12,2 billones de pesos en intereses capitalizables. “Nos mienten con el superávit, nos mienten con la deuda”, denunció.

La iniciativa refuerza el rol del Congreso en las operaciones de especial relevancia. Determinados acuerdos, reestructuraciones y endeudamientos con organismos multilaterales por encima de ciertos umbrales deberán contar con autorización expresa del Parlamento mediante ley especial previa. También las operaciones que afecten activos estratégicos o impliquen cláusulas especialmente gravosas, acompañadas de un informe técnico completo, público y presentado con anticipación.

En cuanto a los límites financieros, el proyecto propone un “parámetro prudencial” del 30% del PBI para la deuda denominada, indexada o pagadera en moneda extranjera. Si se supera ese porcentaje, el Poder Ejecutivo deberá presentar ante el Congreso una senda de convergencia para reducir la vulnerabilidad externa en un plazo máximo de diez años. También se creará un Registro Nacional de Deuda Pública Consolidada, de acceso público, con actualización trimestral.

Respecto al endeudamiento provincial, el proyecto aclara que se mantiene la autonomía local, pero la intervención del Ministerio de Economía se limitará a un control técnico cuando se afecten recursos federales o se soliciten avales nacionales. Capitanich criticó que actualmente el endeudamiento provincial se utiliza como moneda de cambio para conseguir votos en el Congreso por parte del Ejecutivo Nacional, y propuso reemplazar esa discrecionalidad política por reglas objetivas de responsabilidad fiscal.

“No se trata de impedir que el Estado se financie cuando sea necesario. Se trata de impedir que vuelva a endeudarse sin control, sin información suficiente y sin rendir cuentas ante la representación popular”, concluyó Capitanich. El senador chaqueño busca así fortalecer el control parlamentario sobre una de las variables más sensibles de la economía argentina, en un contexto de elevado endeudamiento externo y creciente vulnerabilidad cambiaria. La iniciativa deberá ahora ser tratada en las comisiones correspondientes del Senado.

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