Adorni anunció que el Gobierno endurecerá las políticas migratorias mediante un DNU

El vocero presidencial Manuel Adorni, acompañado de patricia Bullrich y Lisandro Catalán, anunció hoy la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece una reforma integral del Régimen Migratorio en Argentina. La medida fue adoptada en cumplimiento de lo anticipado por el presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

El nuevo decreto impone restricciones a la admisión y permanencia de extranjeros en el país, en especial sobre aquellos con antecedentes penales. A partir de ahora, ningún extranjero con condena podrá ingresar a la Argentina, y quienes cometan delitos en territorio nacional, cualquiera sea la pena, serán deportados. Incluso los delitos con penas menores a cinco años, que anteriormente no implicaban expulsión, ahora habilitarán la remoción del país.

La reforma responde al objetivo de “recuperar el orden migratorio” y terminar con lo que se calificó como un sistema desvirtuado por “la complicidad de políticos populistas”. Desde el Gobierno se argumenta que las facilidades excesivas para ingresar al país derivaron en la llegada irregular de más de 1.700.000 extranjeros en los últimos 20 años, lo que habría generado abusos en el acceso a servicios públicos como salud y educación.

Entre los cambios más relevantes, se exigirá el pago por los servicios de salud para los residentes transitorios, temporarios e irregulares, quienes además deberán contar con un seguro médico para ingresar al país. Según cifras oficiales, solo en 2024, la atención médica a extranjeros en hospitales públicos generó un gasto estimado de 114 mil millones de pesos. El Gobierno justificó la medida como una forma de preservar la sostenibilidad del sistema sanitario, que dejaría de ser financiado por completo por los contribuyentes argentinos.

Asimismo, se autoriza a las universidades nacionales a cobrar aranceles a los residentes temporarios por los estudios superiores. No obstante, se mantiene la gratuidad para la educación primaria y secundaria para todos los residentes, en línea con la Constitución Nacional.

En relación con la obtención de la Carta de Ciudadanía, también se establecen nuevas condiciones: solo podrán acceder a ella quienes hayan residido legalmente en el país durante al menos dos años o quienes realicen una inversión significativa. Además, será obligatorio demostrar medios de vida suficientes y no tener antecedentes penales.

“La sociedad eligió al presidente Milei para garantizar que el dinero de los impuestos se use en beneficio de los ciudadanos, no de quienes ingresan irregularmente o delinquen”, manifestó la Oficina del Presidente en un comunicado. Con esta medida, el Ejecutivo busca reforzar su política de “reconstrucción nacional” y enviar un mensaje claro: “En este país dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.

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