La oposición rechaza enérgicamente el DNU sobre inteligencia, mientras el PRO espera protocolos

Los bloques opositores de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Izquierda han manifestado un rechazo frontal al DNU 941/2025 que reforma el sistema de inteligencia. Por el contrario, el PRO adoptó una postura cautelosa, anticipando que definirá su posición una vez que se conozcan los protocolos de aplicación de la nueva normativa. La UCR y los bloques provinciales considerados dialoguistas aún no se han pronunciado oficialmente.

Desde el PRO se informó que un equipo especializado se encuentra analizando el decreto que modifica la Ley de Inteligencia Nacional. Fuentes legislativas de ese espacio indicaron que, dada la centralidad del tema para la seguridad del país, su postura inicial es actuar con “responsabilidad institucional”, siendo prudentes y aguardando la normativa complementaria antes de tomar una decisión definitiva.

La oposición ha centrado sus críticas en los puntos más polémicos del decreto, como el carácter encubierto que se otorga a todas las tareas de inteligencia y la facultad para que sus agentes aprehendan personas en casos de flagrancia. El exministro de Defensa Agustín Rossi afirmó que el Congreso debe rechazar el decreto, argumentando que “atenta contra los derechos y garantías de cualquier ciudadano”.

Rossi señaló, a través de la red social X, que esta reforma “transforma a los agentes de inteligencia en ‘policía secreta'” y convierte a la SIDE en “una fuerza parapolicial”. En la misma línea, el diputado kirchnerista Juan Carlos Molina calificó la medida como “inconstitucional y peligrosa”, pidiendo al Congreso que no deje pasar “esta barbaridad”.

La diputada de Unión por la Patria, María Teresa García, pidió el rechazo al decreto, advirtiendo sobre el riesgo de “espionaje interior” y “persecución política”. Subrayó que no existe necesidad ni urgencia que justifique modificar una ley tan sensible por fuera del ámbito parlamentario.

El bloque Provincias Unidas, que preside Gisela Scaglia, también rechazó la medida, sosteniendo que no existe justificación para abordar el tema “por fuera del Congreso”. El interbloque criticó que el decreto declare todas las actividades como encubiertas, ampliando la opacidad en un ámbito que, según sostienen, requiere límites estrictos y control parlamentario.

Por su parte, la diputada de izquierda Myriam Bregman calificó el DNU como “un acto ilegal” que no puede disponer por decreto sobre “la vida, la libertad, la información personal de todos los habitantes”. En declaraciones periodísticas, exigió que el Congreso se reúna a anular urgentemente esta norma.

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