El Gobierno promulgó el Presupuesto 2026, que prioriza el superávit y la disciplina fiscal
- Informe Vip
- 2 enero, 2026
- Economía
- Javier Milei, La Libertad Avanza, Presupuesto 2026, superavit
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Mediante su publicación en el Boletín Oficial, entró en vigencia la Ley 27.798, que establece el Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el año 2026. Esta norma, sancionada por el Congreso durante las últimas sesiones extraordinarias, fija el marco del programa económico del gobierno del presidente Javier Milei.
El presupuesto se estructura bajo el principio de alcanzar un superávit financiero para el Sector Público Nacional, estimado en $2.734.029.655.055. Para lograr este resultado, los recursos totales se calcularon en $148,29 billones, mientras que los gastos autorizados ascienden a $148,06 billones.
La distribución del gasto por finalidad otorga la mayor partida a los Servicios Sociales, con una asignación de $106,52 billones. Le siguen en importancia el pago de la deuda pública, que recibe $14,11 billones, y los Servicios Económicos, con $11,45 billones.
Otras áreas significativas son la Administración Gubernamental, con $8,85 billones, y los Servicios de Defensa y Seguridad, que contarán con $7,11 billones. Para el funcionamiento de las universidades nacionales, la ley asigna un presupuesto de $4,78 billones, condicionando los fondos a la presentación de información sobre su uso.
En materia de previsión social, se destinan $212.288 millones para saldar deudas judiciales y administrativas de la ANSES. Además, se contemplan $122.762 millones para asistir a las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas al Estado nacional.
La norma introduce un criterio fiscal dinámico: si el superávit efectivo supera lo previsto, se aplicará una baja de impuestos; si es menor, se procederá a un recorte de partidas presupuestarias. Este mecanismo busca asegurar la disciplina financiera.
En cuanto al financiamiento, se autoriza al Ejecutivo a emitir Letras del Tesoro por hasta $70 billones. También se fijan topes para el uso transitorio de crédito a corto plazo: $4 billones para la Tesorería General de la Nación y $2,5 billones para otras necesidades.
Finalmente, la ley impone restricciones para la cobertura de vacantes en la administración pública, requiriendo autorización previa de la Jefatura de Gabinete. Asimismo, se mantienen las exenciones impositivas y arancelarias para vacunas y medicamentos de programas sanitarios nacionales.
