El PJ cuestiona “Ficha Limpia” y denuncia persecución contra Cristina Kirchner

El Partido Justicialista (PJ) rechazó enérgicamente el proyecto de “Ley de Ficha Limpia”, al que calificó como un intento encubierto de excluir políticamente a su presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

La iniciativa, que será debatida en el Senado en las próximas horas, es impulsada —según el partido— por sectores que “históricamente legislaron contra el pueblo y a favor del poder económico”.

En un comunicado, el PJ afirmó que el verdadero objetivo de la norma es inhabilitar a la ex mandataria, figura central del movimiento nacional y popular, mediante lo que definió como “el capítulo más grosero de una persecución sistemática”. Señalaron que la condena en la causa Vialidad —base para su eventual exclusión— careció de pruebas y garantías jurídicas, y forma parte de un entramado judicial que, según el partido, incluyó “jueces vinculados al macrismo, causas armadas y complicidades mediáticas”.

El texto aludió también al atentado del 1° de septiembre de 2022 contra Fernández de Kirchner, vinculando el hecho al “odio alimentado por sectores judiciales, medios hegemónicos y políticos que hoy promueven esta ley”. Denunciaron la falta de avances en la investigación de los responsables intelectuales, citando una frase atribuida a medios opositores: La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”.

El PJ sostuvo que la líder peronista simboliza un proyecto de país basado en la justicia social, la soberanía política y la dignidad de los trabajadores, y que su persecución responde a su negativa a “entregarse o transar con el poder real”. Cuestionaron además la doble moral de quienes promueven la iniciativa: “No hay república con una justicia al servicio de intereses económicos, ni democracia plena si se criminaliza a quien defiende al pueblo”.

Finalmente, el partido cerró con una advertencia: “No existe ficha limpia cuando el propósito real es manipular la voluntad ciudadana”. La declaración reafirma su postura ante un debate legislativo que, más allá de los aspectos formales, profundiza las tensiones en un año electoral marcado por batallas simbólicas y jurídicas.