En Comodoro Py, Alberto Fernández negó haber ejercido violencia contra Fabiola Yáñez

El ex presidente Alberto Fernández se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa por presunta violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez. En su indagatoria, negó las acusaciones, aseguró que no existen pruebas en su contra y apuntó contra el juez Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González, a quienes acusó de falta de imparcialidad.

Fernández llegó a Comodoro Py alrededor de las 10 de la mañana, una hora antes de lo previsto. Acompañado por su abogada, Silvina Carreira, entregó un escrito de más de 200 páginas en el que rechazó los cargos y pidió su sobreseimiento.

“Quiero dejar expresamente en claro que jamás ejercí violencia física sobre Fabiola Yáñez”, sostuvo el exmandatario en su descargo. Además, subrayó que ningún testigo declaró haber presenciado agresiones de su parte y que no existen constancias médicas que respalden la denuncia.

Según Fernández, “las amigas más íntimas de Yáñez afirman que nunca les dijo que la agredía físicamente”, y el personal de la Quinta de Olivos “niega categóricamente haber presenciado o escuchado agresiones”. También señaló que en los dos años de terapia psiquiátrica de Yáñez en INECO, “nunca mencionó haber sufrido violencia”.

El ex mandatario también cuestionó la imparcialidad de la investigación y denunció que el juez Ercolini “carece de condiciones éticas” para llevar adelante el caso. Recordó que, durante su gobierno, impulsó una investigación por el viaje que el magistrado realizó a Lago Escondido con directivos del Grupo Clarín y otros funcionarios judiciales. “De esa vergüenza no se vuelve”, afirmó.

En su escrito, Fernández también adelantó que denunciará a Yáñez por falso testimonio, así como a su madre, Miriam Verdugo, y a su esteticista, Florencia Aguirre, quienes declararon en su contra. “Dos de ellas ya están siendo investigadas por falso testimonio”, remarcó.
Asimismo, advirtió que se reserva el “derecho de denunciar al fiscal” para que las autoridades del Ministerio Público “evalúen su destitución”. “El inusual vínculo que forjó con la querella en esta causa lo coloca en el delito de prevaricato”, señaló.

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