por Fabián Ruocco, Director Ejecutivo del CEDyAT.

Millones de personas tuvimos que atravesar una situación dramática, un corte de energía masivo sorprendió a 20 millones de hogares, comercios, oficinas, fábricas, hospitales, escuelas y semáforos quedandonos sin electricidad, durante la sofocante tarde del 1 de marzo con temperaturas de 10 grados por encima de lo normal para esta época del año padeciendo la novena ola de calor de la temporada 2022/23.

Desde la recuperación de la democracia que celebraremos en este año, pasaron gobiernos de todos los colores políticos e ideologías variopintas. Sin embargo, padecemos los cortes de luz desde que el alfonsinismo comenzó a limitar la prestación del servicio en abril de 1988, y a partir diciembre del mismo año debió profundizar las restricciones porque los problemas se agravaron debido al aumento de la demanda – a consecuencia del calor- se le sumaron una serie de inconvenientes adicionales: salió de servicio la central nuclear de Atucha I, se cayeron dos bombas de la central hidroeléctrica de Embalse Río Tercero y un incendio afectó una red que distribuía energía desde El Chocón. Hasta el día de hoy que pasa algo muy similar cuando se produjo otro corte masivo de electricidad la población experimenta en carne propia.

La energía es un factor clave y estratégico para alcanzar las metas de desarrollo económico y social que aspiramos para Argentina. Si bien, hay un potencial plan de ampliación, en el país no construye infraestructura eléctrica de relevancia desde 2014 cuando se realizaron las últimas tareas de expansión del Plan Federal II de Redes Eléctricas en 132 Kv, y desde entonces el país cuenta inamovible con 34.919 km de líneas de transmisión y sub-transmisión, 40.140 MW de potencia instalada y millones de usuarios. Cuando gobierno nacional realizó el último relevamiento de la infraestructura del sistema eléctrico blanqueó ante la sociedad que varios corredores del país se encuentran saturados, son insuficientes, y no garantizan en nivel de confiabilidad y por lo tanto son una limitación gravitante para el desarrollo económico.

A partir de ese diagnóstico que permitió identificar los cuellos de botella que tiene el sistema, se elaboró un plan de 22 obras que alcanzará a todas las provincias. Esas obras serían financiadas por el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) que, a su vez, recibirá una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) por US$ 1.140 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por estos factores, se debe avanzar con un plan estratégico de energía de alcance federal, que sirva de marco para la matriz eléctrica diversificada hacia 2050, y de los desafíos tecnológicos que se enfrentará hacia una transición más sustentable del sector. Eso requiere salir de las respuestas fragmentadas e integrar la dimensión ambiental y la realidad de una infraestructura que hoy operan al límite. Llegando después de ocurrido algún evento serio. Sabemos que hay muchos intereses en juego pero es función de las autoridades alinearlos.

El vasto programa de reformas del sector energético iniciado en la Argentina desde fines de la década de los ´80 comprendió la desintegración vertical de las cadenas energéticas integradas y la privatización de la casi totalidad de los activos de las empresas públicas, las que antes habían sido prestadoras y productoras de servicios energéticos y artífices del desarrollo nacional –al menos hasta mediados de los ’70–, modelo propio en casi todas las regiones y en especial en América latina. La excepción a las privatizaciones en el país han sido las empresas de generación eléctrica nuclear, las hidroeléctricas binacionales como Yacyretá y Salto Grande y algunas de las empresas provinciales con equipos de generación propios, aunque en este último caso también se produjeron cambios en la regulación, propiedad y objetivos empresariales.

La Argentina posee abundantes y diversos recursos energéticos que van desde los hidrocarburos convencionales y no convencionales -que protagonizan su matriz energética-, y se encuentran en el subsuelo de las “cuencas sedimentarias”, hasta zonas con inmejorables vientos –eólico- y niveles de radiación solar –fotovoltaico-. El recurso hidroeléctrico, que ha sido aprovechado históricamente, también es importante, así como el desarrollo nuclear a pesar que hoy tiene desfinanciados los proyectos para la construccion de la cuarta y quinta central prevista por la legislación.

La matriz energética de nuestro país, entendida como la combinación de fuentes que satisfacen usos intermedios y finales, es resultado de un proceso histórico de superposición de políticas coyunturales, decisiones públicas y privadas desde ambos aspectos, es decir, la oferta y la demanda de energía, porque bien sabemos que semejante realidad no es acumulable.

Si bien, las obligaciones asumidas por Argentina en el marco del Acuerdo de París han contribuido a iniciar un proceso de transformación del sector energético. Lentamente se han ido implementando políticas públicas activas para promover y apoyar la explotación de los recursos energéticos limpios, incluyendo la energía solar, la eólica, la nuclear y la bioenergía en sus diversas formas. La realidad es que todo se hace de forma disgregada. Por ello, lo incongruente es seguir emparchando la vieja estructura sin planificar dinámicamente a largo plazo para gestionar mejor los recursos, anticiparse a las demandas y expectativas internas, construir posiciones en los mercados internacionales en crecimiento, asegurar el acceso a los recursos necesarios para fortalecer la cadena de proveedores industriales y Pymes del país.

Una de las consecuencias más importantes de este proceso de reformas con respecto al tema de la seguridad de suministro ha sido que la expansión de la oferta energética a nivel nacional dejó de depender del Estado para pasar a reposar en las decisiones de inversión de los grupos privados operadores y concesionarios de las distintas unidades y segmentos en que quedó disgregado el sistema energético.

A eso hay que sumarle los efectos del cambio climático que no son uniformes en las diferentes regiones y también varían entre períodos y escalas de tiempo. Además, el cambio climático no solo afecta a la temperatura sino también a la circulación de la atmósfera. Esto significa que la trayectoria típica de tormentas o sistemas de alta presión puede cambiar y, por lo tanto, contrarrestar o amplificar los efectos de los cambios de temperatura. Los eventos meteorológicos individuales son, en última instancia, únicos y siempre están causados por una combinación de diferentes factores, incluida la variabilidad local en el clima, las condiciones de la superficie terrestre y sus interacciones con la atmósfera, etcétera.

Si bien contamos con Vaca Muerta, la formación no convencional que podría abastecer nuestra demanda interna durante los próximos 200 años, según un reporte del Instituto de Energía de la Universidad Austral y la consultora HUB Energía elaborado en base a datos de la Secretaría de Energía y el Indec, se estima que el desarrollo del 50% de los recursos de Vaca Muerta permitiría un volumen incremental de exportaciones superior a los 33.000 millones de dólares anuales en el próximo medio siglo. De insertarnos en el mercado internacional como proveedores de gas natural licuado (GNL), una ventaja adicional es que estaríamos en contraestación respecto de los principales compradores –China, Japón, Corea del Sur–, ya que la demanda invernal de ellos coincidiría con nuestros meses más cálidos, cuando nuestra demanda interna de gas disminuye. Para que eso suceda debe haber una inversión continua significativa en perforación, exploración y desarrollo, así como actividades relacionadas, como el desarrollo de infraestructuras industriales cruciales como oleoductos e instalaciones de procesamiento y almacenamiento. Se require de estabilidad económica y seguridad jurídica para el enorme tamaño de inversiones que eso requiere.

La Secretaría de Energía puso hace unos días a disposición del público su nuevo Informe Trimestral de Coyuntura Energética, correspondiente al cuarto trimestre de 2022, y elaborado por la Dirección de Información Energética dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento Energético. En el Informe Trimestral de Coyuntura Energética se presenta en forma sintética la evolución de variables seleccionadas del sector energético argentino: producción, refinación y comercialización de hidrocarburos; transporte y distribución de gas natural; producción de bioetanol y biodiesel y el volumen y los componentes de la generación eléctrica, entre otros.

El asunto será definir estratégicamente cuál es la fórmula más beneficiosa para el país tanto ambiental como comercialmente hablando. Los participantes del sector bien conocen que el actual déficit en la balanza comercial energética resulta ser sobre todo por la carencia de la infraestructura de transporte necesaria para atender el mercado interno que nos somete a los dictados del mercado internacional.

Además, en este año, las presas y centrales hidroeléctricas de la región del Comahue que fueron ejecutadas y administradas por la antigua Hidronor S.E. – cuyos propietarios eran la Nación y las provincias de Río Negro y Neuquén – hasta los años ’90, cuando el gobierno Nacional decide liquidar Hidronor y concesionar las obras a privados. Así en 1993 se concesionaron las obras de El Chocón y su presa compensadora Arroyito, Cerros Colorados, Piedra del Águila y Alicurá, agregándole a posteriori Pichi Picún Leufú en 1999.Este grupo de infraestructura energética abarca la mayor concentración de potencia hidroeléctrica (4.170 MW) superando a Yacyretá y en particular Piedra del Águila es la central de mayor potencia enteramente nacional con 1.454 MW (Yacyretá y Salto Grande son mayores en potencia, pero en ambos casos son binacionales). Esas concesiones fueron por 30 años y vencen este año. Luego en 2024, vencerán concesiones en Mendoza y en Santiago del Estero, y en 2025 vencen Futaleufú en Chubut mientras que en Salta vencen Cabra Corral y el Tunal.

Por otra parte, de acuerdo al último informe elaborado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), la producción de energías renovables presentó en 2022 un crecimiento del 10,6% frente al 2021. Argentina cuenta con 57 parques eólicos en pleno funcionamiento. Según la potencia instalada, entre los más importantes figuran la Central Eólica Gastre, con 1.350 MW; Puerto Madryn I, con 220 MW y el Parque del Bicentenario, con 122 MW. En tanto, de acuerdo a los Indicadores Principales MEM que publica Cammesa, en septiembre del año pasado el recurso eólico aportó 1.128 GWh al total nacional. Cabe señalar que en ese mes la generación de energías renovables fue de 1.605 GWh, por lo que los parques eólicos contribuyeron un 70 por ciento dentro de este tipo de fuentes. Además existen 21 parques solares en toda la Argentina, repartidos entre las provincias de San Juan (9), San Luis (4), La Rioja (3). Catamarca (3), Salta (1) y Jujuy (1).

La seguridad de suministro en el sistema energético en el largo plazo, está íntimamente relacionada con un sistema energético planificación estratégica para que sea robusto y resiliente. El mercado energético es dinámico ante lo cual requiere una estrategia dinámica que supere los tradicionales abordajes coyunturales.

Nuestro país cuenta con todas las posibilidades para hacer más eficiente el uso de la energía que consume y cuenta además con las mayores posibilidades de diversificar su matriz. La transformación del sector energético no será sencilla ni desde lo técnico, ni desde lo ambiental, ni desde lo económico, y mucho menos desde lo político. Con el correr de los años, es probable que se produzcan más a menudo olas de calor y sequías simultáneas. Es por eso que será necesario parar la pelota. Sentarse a dialogar con madurez democrática para elaborar una estrategia que permita integrar a esta transformación las múltiples dimensiones del desarrollo integrando a múltiples actores para acordar una visión de modelo energético con vistas al corto, mediano y largo plazo. Lo importante es no demorar más.”