Con la participación del constitucionalista Barcesat y del secretario de la CTA, Yasky, se abordaron dos proyectos de ley al respecto.

Hoy tuvo lugar la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo del senador por Jujuy ,Guillermo Snopek (Unidad Ciudadana).

El encuentro, desarrollado en el salón Illia, reanuda el debate iniciado en junio de este año, sobre los proyectos que modifican las leyes vigentes referidas a las convocatorias de consulta popular vinculante y no vinculante y a la eliminación de los plazos para la misma.

Se trata de dos propuestas presentadas por los senadores de Neuquén, Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana) y de Buenos Aires, Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana).

“Este instrumento de participación ciudadana fue incorporado en la reforma de la Constitución de 1994 , y desde entonces, nunca fue utilizado, por lo que se busca poner en la discusión pública, a 40 años de la democracia en la Argentina, un mecanismo que mejora, agiliza y le da más decisión y protagonismo al pueblo en las iniciativas que toma un gobierno”, explicó Parrilli.

Según ambos proyectos, los ejes principales de las modificaciones planteadas se centran en la ampliación del temario para la consulta, la modificación de las mayorías en el Congreso para su aprobación y fechas de realización.

Por tal motivo y, para continuar el debate, fueron invitados a exponer el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat y el secretario general de la CTA y diputado por Buenos Aires, Hugo Yasky (FdT).

Después de relatar la experiencia de la consulta popular autogestionada realizada por la Frenapo (Frente Nacional Contra la Pobreza), hace más de 20 años, donde participaron más de 3 millones de personas, Yasky sostuvo, ” creo en el mecanismo de la consulta popular democratico y participativo, sobre todo, en tiempos donde se trata de instalar un discurso de antipolítica y puede ser un instrumento dinámico que le dé más fuerza a la democracia”.

Al iniciar su exposición, Barcesat, expresó su “más enérgico repudio y condena a la tentativa de magnicidio que, no solo afecta a la vida de la víctima, sino también, a la vida democrática y constitucional”.