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Oficialismo porteño posterga el debate sobre las torres en Costanera Sur por una “decisión política”

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Oficialismo porteño posterga el debate sobre las torres en Costanera Sur por una “decisión política”

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El oficialismo porteño, representado en la Legislatura local por el bloque Vamos Juntos (VJ), pidió hoy que, por una “decisión política”, el convenio entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA para construir edificios en la Costanera Sur quede “reservado” para una discusión posterior, aunque estaba incluido en el temario de la sesión de esta tarde.

“Pido que se reserve en secretaría el convenio suscripto entre el Gobierno porteño y la firma Inversiones y Representaciones S.A, y quiero aclarar que se trata de una estricta decisión política que nada tiene que ver con el fallo que pretendió interrumpir su tramitación en este recinto y en las comisiones”, dijo al finalizar la sesión legislativa el jefe del bloque VJ, Diego García Vilas.

Así, el diputado se refirió a una resolución del juez Guillermo Scheibler, quien, haciendo lugar a un recurso de amparo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), ordenó la semana pasada “suspender precautelarmente la tramitación” del proyecto de ley, que es autoría de Horacio Rodríguez Larreta.

De esta manera, el mismo bloque que impulsa el acuerdo para autorizar construcciones de hasta 45 pisos en el predio conocido como ex Ciudad Deportiva de Boca, que pertenece a IRSA, pidió hoy que se postergue la votación.

Unas horas antes, al iniciar la sesión legislativa, García Vilas pidió una “cuestión de privilegio” para realizar un debate en el recinto sobre el “conflicto entre poderes” que planteó la sentencia del juez Scheibler.

En su argumentación, García Vilas relató que el 26 de julio pasado, durante una reunión de las comisiones Planeamiento Urbano y de Presupuesto para tratar el convenio entre IRSA y el Gobierno porteño, él y sus compañeros de bloque fueron informados sobre la sentencia de Scheibler, ya que los diputados del Frente de Todos (FdT) manifestaron que debía suspenderse el debate debido a la medida judicial.

“En plena feria judicial, una asociación civil hace una presentación”, dijo García Vilas, ya que la medida cautelar fue solicitada por el ODC el 21 de julio pasado.

Y continuó: “Tres días después, a la 1:40 de la madrugada, el juez emite su resolución, de la que no habíamos sido notificados”.

Luego, agregó: “La sanción de una ley es una competencia específica y exclusiva de esta casa. Es una barbaridad que un juez nos diga qué podemos debatir y qué no. Claramente, hay una intromisión del poder Judicial en el poder Legislativo”.

En la Legislatura, para aprobar una cuestión de privilegio se requiere el voto positivo de los dos tercios de los diputados presentes, lo cual no ocurrió, ya que, de 55 votos emitidos, 35 fueron a favor y 20 en contra.

El FdT rechazó esa cuestión de privilegio, y fue la diputada Claudia Neira quien explicó el sentido del voto, al decir que “hay un criterio general en esta Legislatura, que es no expedirse sobre las resoluciones judiciales”.

“Cuando existe una resolución judicial y un diputado o diputada entiende que esa resolución no se ajusta derecho, lo que debe hacerse es ir por las vías correspondientes a fin de que lo revisen las instancias superiores, las cámaras de apelaciones y en definitiva el Tribunal Superior de Justicia”, completó Neira,

También rechazaron el pedido de VJ los diputados de los bloques Frente de Izquierda (FIT) y Autodeterminación y Libertad (AyL).

La resolución de Scheibler fue apelada por VJ, pero la Cámara de Apelaciones del Fuero en la Contencioso, Administrativo y Tributario todavía no se expidió.

Los terrenos sobre los cuales gira el conflicto fueron propiedad del Estado nacional hasta que en la década de 1960 fueron donadas al club Boca Juniors, a fin de que allí se construya un estadio y canchas auxiliares, y con la prohibición de que luego fuera vendido a privados.

Sin embargo, en 1997, IRSA adquirió esos terrenos por 50 millones de dólares.

Para el Observatorio del Derecho a la Ciudad, organización dirigida por el abogado Jonatan Baldiviezo, el proyecto inmobiliario de IRSA va en contra de la Constitución local, la cual ordena que se deben “preservar e incrementar” los espacios verdes en la ribera porteña, debido a su importancia para la calidad del medioambiente.

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