Juan de Dios Cincunegui, Fundador y Presidente en Fundación Argentina Estratégica (FAE), compartió en redes sociales una nota, en oportunidad de la Presentación de los resultados de una investigación desarrollada con lineamientos de la metodología del UK POST para evaluar la oportunidad, mérito y conveniencia de crear servicios de asesoramiento científico legislativo en Argentina, organizado por el Centro de Estudios, Investigación y Prospectiva Parlamentarios de la Escuela de Política,
Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral.

Al respecto, consideró:

“Este lunes 1º de marzo se realiza la apertura del 139º período de sesiones ordinarias del Congreso, una buena oportunidad para reflexionar acerca del rol y desempeño del poder legislativo en Argentina.

Transcurrido más de un siglo, el proceso de debate y sanción de las leyes, núcleo central de su misión, mantiene sus rasgos tradicionales. Es cierto que los golpes de Estado alteraron su normal desempeño –basta recordar a la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo que funcionó entre marzo de 1976 y diciembre de 1983-, pero desde el retorno de la democracia ya han transcurrido 37 años.

En paralelo, el nuevo y formidable desarrollo científico y tecnológico está produciendo cambios a una velocidad inusitada. La primera revolución industrial data de 1765 (siglo XVIII), la segunda de 1870 (siglo XIX), la tercera de 1969 (siglo XX), y poco después de anunciada la cuarta por Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, en 2016, ya estamos hablando de la quinta.

¿Qué es lo que caracteriza a estas revoluciones? La modificación de la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos, es decir, aquello que regulan las leyes. Parece lógico preguntarse ¿qué tan preparado está el Congreso para comprender estos cambios?

La experiencia comparada demuestra que a partir de la década de los años ´70 distintos parlamentos del mundo comenzaron a crear servicios propios de asesoramiento científico-tecnológico (EE.UU. en 1972, Francia en 1983, Reino Unido en 1989, Alemania en 1990, entre otros). El objetivo fue, básicamente, asignar a estas organizaciones la función de enlace con la comunidad científica, tecnológica y de innovación de sus respectivos países y más allá; y contar con opiniones técnicas independientes del gobierno y de partes interesadas.

Comenzó a hablarse, originariamente, de legislación “basada” en evidencia, concepto que recibió pronto profundas críticas por vulnerar los valores democráticos al pretender reemplazar a los legisladores por científicos. Se criticó, además, la falta de comprensión acerca de la realidad y su complejidad, y la importancia de incluir otros elementos de juicio a la hora de debatir y sancionar las leyes.

Por ese motivo, el concepto mutó a legislación “informada” en evidencia, limitándose los servicios de asesoramiento científico a, simplemente, nutrir de evidencia al proceso de formación de las leyes.

El Congreso cuenta, desde hace muchísimos años, con la biblioteca y una histórica oficina de información parlamentaria. Más recientemente, en 2016, creó la Oficina de Presupuesto (OPC) para asuntos presupuestarios y de carácter económico-financiero. Sin embargo, en materia de ciencias, tecnología e innovación, carece de servicios propios.

El viernes 26 de febrero el nuevo Centro de Estudios, Investigación y Prospectiva Parlamentarios de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral presenta los resultados de una investigación acerca de la oportunidad, mérito y conveniencia de crear este tipo de servicios parlamentarios en el Congreso.

Se entrevistaron a 40 personas entre expertos y partes interesadas, la mitad de la comunidad científica (argentinos y extranjeros), y la otra mitad de la comunidad parlamentaria (legisladores, funcionarios y asesores), referentes del departamento de entidades representativas de la OEA y de la Unión Inter-Parlamentaria, y Directorio Legislativo, una ong especializada en parlamentos.

La mayoría consideró positivo y valioso para el Congreso desarrollar servicios de asesoramiento científico y tecnológico propios. Además, que había mucho espacio para mejorar la relación entre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Congreso. Una minoría se expresó conforme con el status quo.

Hace escasos días la cámara baja dio media sanción a un proyecto de ley que establece como obligatorio el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la ciencia y la tecnología hasta alcanzar, en el 2032, como mínimo, una participación del 1% del PBI de cada año.

¿Qué tan productiva es esa inversión?

¿Cuáles son sus impactos reales sobre el desarrollo del país?

Una encuesta realizada en 2015 arrojó como resultado que sólo 20% de los investigadores argentinos del sector de la salud encuestados había participado en la elaboración de políticas públicas de salud. Mucho para pensar.

Si bien los entrevistados constituyen apenas una muestra, no representando al Congreso ni a la comunidad científica como un todo, sus opiniones dejan muchas enseñanzas. Claramente aún no hay consenso sobre el asunto, pero aparenta existir conciencia sobre la importancia de debatirlo.

¿Será el contexto de la pandemia del COVID-19 una buena oportunidad para hacerlo?”