Los dirigentes de Juntos por el Cambio lanzaron hoy un duro informe contra el gobierno de Alberto Fernández por los avances del kirchnerismo contra la justicia y alertaron sobre los riesgos institucionales que creen que esto implicará para la Argentina.

Las fundaciones Alem (Unión Cívica Radical), Pensar (PRO) y Hannah Arendt (Coalición Cívica ARI), que responden a Juntos por el Cambio, realizaron un informe en el que analizan los avances del kirchnerismo sobre la Justicia durante su primer año de gestión. “Un año de atropello a la Justicia”, es el titulo del documento.

“En medio de una emergencia económica, sanitaria y social sin precedentes, el Gobierno decidió otorgar absoluta prioridad en su agenda a reformas de la Justicia”, señalan.

A la vez, los dirigentes opositores sostuvieron en este informe que “la principal consecuencia del conjunto de medidas que adoptó el oficialismo en el ámbito judicial fue el debilitamiento de las instituciones y la división de poderes, establecida en la forma de gobierno republicana de la Argentina”, afirma el texto elaborado por las fundaciones.

”Las propuestas de reforma no son las que necesitan los ciudadanos que acuden a los tribunales. Se puede ver con claridad que estos proyectos no buscan ampliar el acceso a la justicia, mejorar el funcionamiento de los tribunales para reducir los plazos, ni transparentar la administración de justicia”, añadieron. 

El texto enumera la serie de medidas e iniciativas tomadas por la administración kirchnerista en estos primeros doce meses al frente del Gobierno. “En febrero, se derogó la Agencia Nacional de Protección; en marzo, se impulsó la intervención federal a la Justicia de Jujuy; en abril, la Secretaría de Derechos Humanos solicitó la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime y Martín Baez. Además, entre marzo y junio, se incitó a la liberación masiva de personas detenidas. También en abril, se modificó la ley de Jubilación de Magistrados, lo que provocó la renuncia de decenas de jueces; en mayo, el oficialismo realizó fuertes críticas a magistrados y fiscales acusándolos de haber participado de maniobras de persecución política (lawfare) contra funcionarios kirchneristas. Desde principios de año, la Oficina Anticorrupción fue renunciando a las querellas que tenía en diversas causas de corrupción. Por ejemplo, en mayo renunció a su participación en las causas Los Sauces y Hotesur. En julio, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de reforma judicial del fuero penal federal de la Capital y de las provincias. La iniciativa obstaculiza la implementación del sistema acusatorio (de funcionamiento exitoso en Salta y Jujuy), carece de toda base empírica, tiene un costo altísimo e irrazonable, y resulta inconstitucional al contrariar la doctrina de la Corte Suprema respecto de los jueces subrogantes. En el mismo mes, el Gobierno creó un Consejo Consultivo para realizar propuestas de cambios a la Justicia. Sus ejes de trabajo fueron: la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa de la Nación, los juicios por jurados y la transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, se instaló la necesidad de reformar instituciones centrales de nuestro sistema judicial y de gran influencia en términos de independencia judicial. En agosto, el Gobierno inició su avanzada contra los traslados de los jueces Bruglia y Bertuzzi, quienes habían intervenido en causas de corrupción contra funcionarios kirchneristas. Finalmente, en noviembre la Corte Suprema decidió que los traslados habían sido válidos, pero que no eran permanentes, por lo que ambos jueces deberán permanecer en sus cargos hasta que se realice el concurso de los jueces definitivos.También en agosto, se dio media sanción en el Senado al mencionado proyecto de ley de ‘Organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias’.Este proyecto fue severamente cuestionado en el ámbito académico, judicial y la sociedad civil. Asimismo, se solicitó el juicio político contra Eduardo Casal, Procurador General de la Nación interino. Se argumentó que había protegido al fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos, entre otros puntos. A fines de noviembre, obtuvo media sanción el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que implica un claro avance sobre la autonomía del Ministerio Público a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control”.

Además, desde las fundaciones que integran Juntos por el Cambio advierten que “el Gobierno ha detenido la implementación del sistema acusatorio y ha suspendido la aprobación de la designación del candidato a Procurador General. Pareciera que se mantendrá así hasta después de que se apruebe la ley, que sin dudas debilitará al Ministerio Publico Fiscal en general y a los fiscales en particular”.

Y recalan en que “la reforma judicial, impulsada por Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios procesados por la Justicia, con apoyo tácito del Presidente, enmascara un plan de impunidad. Busca revertir el avance de las causas judiciales que los involucran, y construir una justicia adicta”. concluyeron